En el pleno de julio del CESE se aprobó un dictamen que destaca el papel fundamental que desempeñan los SIG como la sanidad, la energía y el transporte público para promover la prosperidad sostenible y la competitividad de la Unión Europea (UE).

En un dictamen elaborado por Thomas Kattnig y aprobado en el pleno de julio del CESE se señala que la Comisión debe tomar medidas concretas para dar seguimiento al informe de Enrico Letta de 2024 sobre el futuro del mercado único y adoptar un enfoque holístico respecto a los servicios de interés general, en lugar del actual enfoque sectorial.

La Comisión debería reconocer el papel central de los SIG modernos en su nuevo plan para promover la prosperidad y la competitividad sostenibles, incluyendo la Brújula de Competitividad y el Pacto Industrial Limpio.

PILAR

Los SIG, como la sanidad, la atención a personas mayores y a la infancia, la educación, los servicios sociales, la energía, el agua y el transporte público, son un pilar fundamental de la competitividad, el modelo social europeo y la participación democrática en Europa.

Su importancia va mucho más allá de los servicios técnicos: sirven al bien común, promueven la inclusión social, fortalecen la confianza en las instituciones estatales y promueven la preparación y la resiliencia social, especialmente en tiempos de múltiples crisis.

Los SIG también desempeñan un papel importante en la economía europea. Según la actualización estadística sobre los Servicios de Interés General, publicada en mayo de 2024 por la Oficina Federal de Planificación del Gobierno belga, los SIG generaron 3,721 billones de euros de valor añadido en toda la UE en 2021, lo que representa el 28,4% del valor añadido total de la Unión.

Al mismo tiempo, emplearon al 31,1% de la fuerza laboral de la UE (65,2 millones de personas) y representaron el 19,7% (632.600 millones de euros) de toda la inversión realizada en la UE en 2021.

SERVICIOS ASEQUIBLES

Los Estados miembros deben garantizar el acceso universal y equitativo a servicios básicos asequibles y de alta calidad. Se trata de una cuestión de justicia social, ya que los SIG se prestan a un precio que no depende del poder adquisitivo de los usuarios.

Los SIG, y la infraestructura de prestación necesaria para garantizar su prestación universal, desempeñan un papel fundamental en la economía de la UE y su bienestar, sirviendo como pilar de la confianza pública en el Estado y la sociedad, contribuyendo así a la cohesión. Para lograrlo, será necesaria una reforma financiera y regulatoria.

La financiación de los SIG no es un gasto de consumo, sino una inversión de futuro. Necesitan una financiación adecuada y estable, ya que son un vector clave en la política de cohesión y en la seguridad y la preparación a largo plazo.

"Desde un suministro energético estable hasta los servicios municipales y el transporte público, todos dependemos de los servicios de interés general a diario", afirmó Kattnig.

"Solo mediante una financiación suficiente a largo plazo y unas condiciones marco claras podemos garantizar la igualdad de acceso a servicios de interés general asequibles y de alta calidad", añadió. Los servicios públicos no son un gasto de consumo: son una inversión en la confianza de la gente, la justicia social y la estabilidad económica.

FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

El Eurobarómetro Estándar 101 de primavera de 2024 destaca que, de media, solo el 54% de los ciudadanos está satisfecho con sus SIG. Los resultados varían considerablemente entre los Estados miembros: el 94% de los ciudadanos en Luxemburgo, el 86% en los Países Bajos y el 78% en Austria afirman que la prestación de servicios públicos en su país es buena; la cifra se reduce al 70% en Grecia, el 63% en Italia y el 58% en Portugal, lo que indica insatisfacción con sus servicios públicos.

En opinión del CESE, los países con una política de inversión en infraestructuras y unos servicios públicos de calidad adecuadamente financiados permiten a sus ciudadanos y empresas reducir el gasto en sus gastos de vida o de funcionamiento. Por ello, el Comité argumenta que es necesario financiar y mejorar adecuadamente los SIG y alinearlos mejor con las necesidades de la ciudadanía para mejorar la satisfacción y la confianza en la democracia.

Al invertir en servicios públicos, debe garantizarse el equilibrio regional. Instrumentos como el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición deben reforzarse y garantizarse a largo plazo. Esto debería conducir a una política de cohesión ampliada que aborde las desigualdades sociales y fomente un sentido de pertenencia europea.

Los fondos para la cohesión social y regional deben reconocerse como esenciales para salvaguardar la estabilidad económica y social de la UE y deben incrementarse, no reducirse, por ejemplo, mediante préstamos conjuntos, como hizo la UE durante la pandemia. Este gasto no debería ser el más afectado por el aumento del gasto militar, sino que debería concederse con al menos la misma flexibilidad que a sectores estratégicos como la defensa.

Por último, al revisar la Directiva sobre Contratación Pública, el enfoque principal de la reforma debería ser la simplificación y una transición clara desde un enfoque puramente basado en el precio a un sistema basado en una adecuada relación calidad-precio.

Para ello, es importante incentivar criterios sociales y sostenibles basados en los objetivos pertinentes de la UE, así como un mejor acceso a la contratación pública para las pymes, en aras de una economía europea más sostenible e inclusiva.