Así se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado de 2025, que toma datos de 2024, ejercicio en el que la cantidad defraudada vuelve a un nivel similar al de 2023 (618,9 millones). El año pasado, tan solo un expediente de los remitidos a fiscalía quedó sin judicializar.

El número de sentencias firmes dictadas en el año 2024 por delitos contra la Hacienda Pública fue de 148 (por encima de las 139 del año precedente). De ellas, las condenatorias fueron 124, lo que representa un 83,79% del total (superior al 81,29% de 2023). El 39,5% de estas condenas fueron de conformidad.

Según la fiscalía, el porcentaje de pronunciamientos condenatorios cercano al 84% “resulta satisfactorio, es similar al que se registra en el resto de los delitos”, y “refleja la solidez de las acusaciones que se formulan”.

“El porcentaje de sentencias de conformidad (39,52%) es significativo”, remarca la memoria. “En su mayor parte, la conformidad va acompañada del pago total o parcial de la cuota defraudada obteniendo, de esta manera, no solo el reconocimiento del delito por los acusados y la finalización inmediata del procedimiento con la firmeza de la sentencia, sino también la reparación, aunque en algunos –pocos– casos sea parcial, del daño causado a la Hacienda pública”.

DILACIONES

La institución observa de nuevo este año que el número de sentencias condenatorias por delito fiscal en las que se aprecia la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas es muy superior al que se produce en el resto de los delitos. En los últimos años se mueve en torno al 40-60%.

La Fiscalía se lamenta de que los procedimientos por estos delitos “sufren con demasiada frecuencia retraso y dilación en su tramitación, lo que, por un lado, compromete el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y, por otro, debilita la respuesta penal que se está dando en esta materia”.

En el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, la memoria enfatiza el aumento del número de procedimientos que tienen por objeto defraudaciones por impuestos especiales relacionados con los hidrocarburos, el alcohol y los gases fluorados, "en los que, además, los importes de las cuotas defraudadas son ciertamente elevados".