Según la formación, esta unificación “impide a Ciudadanos ejercer plenamente su función como acusación popular, limitando su capacidad para proponer pruebas, realizar alegaciones o intervenir en interrogatorios”. Una situación que, en palabras de sus representantes legales, “provoca una clara indefensión material”.

Desde Ciudadanos se recuerda que “el derecho a la tutela judicial efectiva no puede quedar supeditado a las decisiones de otra parte personada en el proceso, especialmente cuando representa intereses distintos y estrategias procesales propias”. “Si esta parte propusiera diligencias que considerase relevantes y la dirección letrada impuesta no lo apreciase así, se nos estaría cercenando el ejercicio pleno de nuestros derechos procesales”, recoge el recurso.

Además, el partido advierte de que esta decisión “puede generar un conflicto de intereses”, al imponer una dirección común entre partidos políticos con identidades ideológicas claramente diferenciadas. “No se puede forzar una unificación que impida a cada acusación ejercer su función con autonomía, especialmente en un caso que afecta de lleno a la credibilidad de las instituciones y en el que hay cargos públicos y estructuras del poder implicadas”, añade.

Asimismo, Ciudadanos defiende que la figura de la acusación popular cobra una importancia capital “en un momento especialmente grave para el Estado de derecho, con un fiscal general del Estado procesado y aferrado al cargo mientras mantiene la jefatura superior del Ministerio Fiscal”.

Aunque la normativa permite la unificación de acusaciones populares, desde Ciudadanos se insiste en que debe tratarse de una medida “totalmente excepcional y de aplicación restrictiva, pues de lo contrario se vacía de contenido una herramienta imprescindible de control y vigilancia ciudadana”.

“El hecho de que las distintas acusaciones puedan coincidir en algunos objetivos no implica que compartan intereses, estrategias ni enfoques jurídicos. No se puede suprimir esa pluralidad bajo una misma dirección impuesta, sin poner en riesgo el principio de igualdad de armas y el acceso real a la justicia”, concluye el escrito.