La referente para Infancia y Familias del Consejo de la CNSE, Natalia Mejías, expuso que abordar la privación lingüística implicaba afrontar “una realidad que afecta al desarrollo emocional, cognitivo y social” de la infancia sorda, y recordó que garantizar una lengua natural durante el periodo crítico de adquisición, de cero a cinco años, representaba una obligación ética. Mejías destacó que esta privación podía sostenerse de forma crónica hasta la adolescencia cuando los entornos no ofrecían modelos lingüísticos competentes y defendió que la lengua de signos debía concebirse como un espacio de vínculo, identidad y desarrollo integral, según expresó.

La asesora jurídica de la CNSE, Patricia Mora, presentó el análisis legal de esta problemática y enumeró efectos como retrasos lingüísticos, déficits cognitivos, aislamiento social, dificultades en funciones ejecutivas, fragilidad identitaria, brechas educativas y problemas de salud mental, para argumentar que la privación lingüística no podía seguir tratándose como un problema individual. Mora vinculó esta omisión con la violencia institucional y simbólica recogida en la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (EEVIA), y subrayó que reconocerla como tal resultaba imprescindible para garantizar derechos como la comunicación, la educación inclusiva y la participación social, según argumentó.

La jurista remarcó la especial vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes sordos afectados por desigualdades de género, edad y discapacidad, y alertó de que la ausencia de accesibilidad lingüística limitaba su autonomía, incrementaba la dependencia y perpetuaba la desigualdad. En este contexto, defendió que el aprendizaje y uso de la lengua de signos debía entenderse como un derecho universal, público y gratuito, y no como un recurso opcional o complementario, según insistió.

Entre las medidas planteadas se destacaron el acceso temprano a la lengua de signos, la consolidación de modelos educativos bilingües, la creación de canales de denuncia accesibles y el desarrollo de indicadores de seguimiento, junto con el papel clave del movimiento asociativo sordo en el diseño y evaluación de políticas públicas. La sesión concluyó con un mensaje conjunto de Mejías y Mora, quienes afirmaron que erradicar la privación lingüística constituía un compromiso colectivo y un acto de justicia, según concluyeron. Este webinario contó con el apoyo del Ministerio de Infancia y Juventud y Fundación ONCE.