Así lo indicó el presidente de la entidad, Roberto Suárez, en declaraciones a Servimedia con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos, que se celebra este miércoles, donde advirtió de que el reconocimiento jurídico de la lengua de signos “no basta si después no puede utilizarse con normalidad”.

Suárez valoró que en las últimas décadas la lengua de signos española y la lengua de signos catalana han ganado reconocimiento social, jurídico e institucional, y destacó como hitos la Ley 27/2007 y su desarrollo reglamentario, aprobado en 2023. Sin embargo, subrayó que la presencia de la lengua de signos continúa siendo “desigual” y que persiste una brecha entre “los derechos reconocidos y su ejercicio efectivo”.

“Una persona sorda puede tener reconocido el derecho a utilizar la lengua de signos y, aun así, encontrarse con barreras cuando acude a urgencias, sigue una clase, hace un trámite administrativo o participa en un procedimiento judicial”, explicó.

A su juicio, la principal barrera sigue siendo que la lengua de signos “todavía no está incorporada de forma ordinaria en muchos servicios”, de modo que las personas sordas tienen que “pedir, justificarse, insistir, esperar o buscar una solución alternativa” para poder comunicarse.

El presidente de la CNSE señaló que estas situaciones se producen cuando no existe interpretación o videointerpretación, cuando el subtitulado no tiene la calidad suficiente, cuando la información visual no es accesible o cuando el personal no cuenta con formación en lengua de signos.

“El problema no es que las personas sordas utilicemos la lengua de signos. El problema es que muchos entornos siguen sin estar preparados para atendernos en igualdad de condiciones”, afirmó, antes de advertir de que “la accesibilidad no puede depender de la improvisación. Tiene que estar prevista desde el principio”.

BARRERAS EN EDUCACIÓN, SANIDAD Y JUSTICIA

Suárez apuntó que las barreras persisten en ámbitos esenciales como la educación, la sanidad, la justicia, el empleo y la cultura, aunque se manifiestan de distinta manera.

En educación, reclamó un modelo inclusivo y plurilingüe más extendido, con lengua de signos, referentes adultos sordos, intérpretes y materiales accesibles. En sanidad, alertó de que las dificultades de comunicación afectan a cuestiones como la seguridad, la intimidad y la posibilidad de tomar decisiones informadas.

En justicia, defendió que la accesibilidad lingüística es “imprescindible” para garantizar los derechos y evitar situaciones de indefensión, mientras que en el ámbito laboral señaló la persistencia de prejuicios y barreras en la formación, la selección y la promoción profesional.

También reclamó una presencia estable de la lengua de signos y del subtitulado de calidad en la cultura y los medios de comunicación, al considerar que “no se trata de ámbitos secundarios”, sino de “espacios esenciales para la educación, la salud, el trabajo, la información y la participación social”.

RECURSOS ESTABLES

Para que los derechos reconocidos puedan ejercerse de manera efectiva, la CNSE consideró prioritario que las administraciones establezcan una planificación pública y dejen de depender de proyectos aislados o presupuestos puntuales.

Suárez reclamó aplicar de forma efectiva el Reglamento de la Ley 27/2007, dotarlo de presupuesto, coordinar a las administraciones, garantizar servicios de interpretación y videointerpretación, formar al personal público y asegurar subtitulado de calidad e información accesible.

También pidió incorporar la lengua de signos en la educación, la sanidad, la justicia, el empleo, la cultura, los medios de comunicación y la transformación digital. “La accesibilidad no puede quedarse en lo físico o en lo administrativo: debe garantizar que una persona sorda pueda entender, comunicarse y recibir atención en su lengua”, sostuvo.

En este sentido, destacó la reciente reforma de la legislación de discapacidad y dependencia como “una oportunidad” para reforzar la accesibilidad a la información y las comunicaciones, aunque reclamó que este avance se traduzca en “recursos adecuados y suficientes”.

Entre los avances de los últimos años, el presidente de la CNSE destacó la aprobación de la Ley 27/2007, el Reglamento de 2023, el reconocimiento de las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y a la lengua de signos como patrimonio cultural inmaterial y los Diplomas de Lengua de Signos Española.

Asimismo, puso en valor el trabajo desarrollado durante décadas por la red asociativa de la CNSE en ámbitos como la formación, la interpretación y videointerpretación, el empleo, el apoyo a mujeres sordas, la atención a personas mayores sordas y la promoción de las lenguas de signos.

No obstante, señaló como cuestiones pendientes el cumplimiento efectivo de la normativa, el incremento de recursos y profesionales, la accesibilidad estable en los servicios públicos, una educación inclusiva y plurilingüe en lengua de signos, la atención temprana sin privación lingüística, el empleo sin discriminación y la participación de las personas sordas en las políticas que les afectan.

En este último ámbito, reclamó que la comunidad sorda y sus organizaciones representativas “participen desde el diseño de las políticas y servicios”.

EVITAR NUEVAS BARRERAS DIGITALES

De cara a los próximos años, la CNSE trabajará para reforzar la presencia de la lengua de signos en la educación, evitar la privación lingüística en la infancia sorda y garantizar “una atención temprana accesible para las familias”.

Suárez también destacó la necesidad de avanzar en la formación y reconocimiento de profesionales, especialmente de las personas sordas especialistas en lengua de signos, a las que consideró “referentes para la infancia y la juventud y para la transmisión de la lengua y la cultura sorda”.

Otro de los retos será, según explicó, evitar que la transformación digital y la inteligencia artificial “generen nuevas barreras”. “La tecnología puede ser una aliada, pero solo si incorpora desde el principio las lenguas de signos y la experiencia de las personas sordas”, afirmó.

Por último, con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos, Suárez reivindicó que las personas sordas puedan vivir, comunicarse y participar en su lengua. “La lengua de signos es una lengua plena y un derecho lingüístico”, concluyó.