Según informó este lunes la entidad, el encuentro servirá para presentar los datos de un estudio reciente sobre bienestar emocional en personas con discapacidad física y orgánica, así como propuestas para reducir su impacto, en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde Cocemfe Castilla y León señalaron que el 40,5% de las personas con discapacidad experimenta malestar emocional, frente al 14,3% de la población general, una situación que se traduce en “sentimientos de tristeza, angustia, inseguridad o desasosiego”.

La socióloga de Cocemfe estatal Susana Clemente, que ha participado en la elaboración del estudio, subrayó que este malestar “no tiene que ver con la discapacidad en sí, sino con la falta de apoyos, el funcionamiento del sistema y el trato que reciben las personas en su vida diaria”.

En este sentido, apuntó a factores como “la falta de apoyos psicosociales, la descoordinación entre servicios sanitarios y sociales, las dificultades de acceso a recursos o la invisibilidad de determinadas discapacidades”, así como a “barreras en las relaciones interpersonales, como la sobreprotección o la falta de escucha”.

Asimismo, advirtió de que se trata de un “estado sostenido en el tiempo”, vinculado a situaciones repetidas de frustración, aislamiento o sobrecarga, que puede derivar en “problemas de salud mental más graves”.

Para hacer frente a esta situación, Clemente propuso reforzar la respuesta pública mediante “una mejor coordinación de los servicios, la reducción de los tiempos de espera y el aumento de los apoyos psicológicos”, así como “mejorar el trato hacia las personas con discapacidad”, incorporando la escucha, la validación y el reconocimiento como parte del cuidado.

Además, destacó el papel de los recursos comunitarios impulsados por el movimiento asociativo, como los grupos de apoyo, las redes de acompañamiento y los espacios de escucha, que contribuyen de forma significativa a la protección del bienestar emocional.

Desde Cocemfe Castilla y León subrayaron que abordar este problema requiere una respuesta colectiva y la implicación de las administraciones y la sociedad, con el objetivo de “mejorar las condiciones sociales, sanitarias e institucionales” que influyen en la calidad de vida de las personas con discapacidad.