El acuerdo incluye un aumento en las ratios de trabajadores de atención directa por usuario, un menor tamaño para las nuevas residencias y una organización interna más similar a las viviendas familiares, con módulos de 15 personas como máximo y espacios comunes, como cocina y salones.

Sin embargo, Antelo pidió que “ese nuevo modelo sobre el papel, que todos celebramos, venga acompañado de medidas económicas para ponerlo en marcha”.

A su juicio, se trata de “un paso muy importante” para mejorar la atención que se presta a las personas mayores y con discapacidad desde el sistema de atención a la dependencia, por lo que espera "que cuente con los recursos suficientes”.

“España es un país pionero en materia de discapacidad”, señaló Antelo, “y contamos con medidas legislativas muy avanzadas”. No obstante, recordó que “tenemos el hándicap de que muchas de estas medidas no vienen acompañadas de recursos económicos, y sin ellos, ni se pueden poner en marcha innovaciones, ni muchas veces mantener lo que ya hay”, subrayó.

Antelo realizó estas declaraciones en la presentación de un estudio elaborado por Cocemfe sobre el impacto de la covid-19 en sus centros residenciales, a partir de entrevistas y grupos de discusión con usuarios, familiares, técnicos y profesionales.

Entre sus conclusiones, destaca la necesidad de avanzar hacia un modelo de cuidados de larga duración más individualizado y centrado en la persona, así como de mejorar la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios.