Se trata de una medida que Cocemfe CV reclamó desde las semanas posteriores a las inundaciones de octubre de 2024 debido al impacto que supuso para cientos de personas, según informó la confederación.

El presidente de la entidad, Albert Marín, recordó que la falta de ascensor en un edificio implica una "barrera insalvable" para el cumplimiento del derecho a la autonomía personal reconocido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: "Este último año hemos visto casos extremos, personas que han permanecido encerradas en sus casas durante meses, con todos los daños físicos y psicológicos que eso conlleva".

Según las últimas cifras manejadas por Cocemfe CV, "en octubre de 2025 todavía quedaban más de 200 ascensores por reparar", que afectaban al día a día de personas con movilidad reducida.

Estas ayudas, publicadas por la Generalitat Valenciana ayer jueves, están dotadas con 10 millones de euros y cubrirán "hasta un máximo de 50.000 euros por reparación, sustitución, fabricación, suministro e instalación de piezas en los ascensores dañados". Además, incluirán aquellas obras ya realizadas.

Podrán acceder a las subvenciones las personas o entidades propietarias de edificios de carácter plurifamiliar, ubicados en zonas afectadas por la dana y con residentes en situación de dependencia de grado II o III, o con una discapacidad reconocida con movilidad reducida, según informó la Administración autonómica. El plazo de presentación concluirá el 21 de febrero de 2026.

RECONSTRUCCIÓN INCLUSIVA

La restitución de ascensores en los edificios afectados "constituye un paso esencial para garantizar una reconstrucción inclusiva", según Cocemfe CV, que recordó que "la accesibilidad universal va más allá del acceso a la vivienda".

Marín advirtió de que, una vez resueltos los problemas de movilidad en los edificios, se ha de seguir trabajando por garantizar la accesibilidad en el entorno urbano: "Todavía quedan aceras dañadas o sin rebajes en diferentes zonas, así como socavones en las vías que impiden la correcta circulación de, por ejemplo, personas en silla de ruedas. La reconstrucción no puede significar un retroceso de derechos".

La entidad también invitó a los organismos públicos "a estudiar la posibilidad de promover ayudas dirigidas a la instalación de ascensores en viviendas unifamiliares ubicadas en zonas inundables". "Hemos recibido casos de personas con movilidad reducida que, por motivos de seguridad, valoran la instalación de un ascensor en su vivienda particular para evitar posibles peligros en caso de nuevas riadas", concluyó Marín.

Cocemfe CV insistió en que cualquier proceso de reconstrucción "debe garantizar los principios de accesibilidad universal recogidos en el artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando que ninguna persona quede excluida de su comunidad por falta de recursos accesibles".