En un comunicado, Cocemfe advirtió de que el mantenimiento del actual modelo de reparto -80% para las comunidades autónomas y 20% para la administración general del Estado- es fundamental para sostener el trabajo del movimiento asociativo en todo el territorio y garantizar una atención directa, coordinada y equitativa a las personas con discapacidad física y orgánica más vulnerables.

“Las entidades estatales no sustituyen, sino que fortalecen. Sostenemos la acción de las entidades más pequeñas, las que atienden día a día, en los territorios más dispersos, con menos recursos. Sin nuestro apoyo, su labor sería inviable”, subrayó al respecto el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.

A través de estas subvenciones, Cocemfe proporciona metodologías comunes, herramientas técnicas, formación especializada y soporte continuo a sus 92 entidades, que en su conjunto representan a más de 2,6 millones de personas con discapacidad física y orgánica y sus familias en toda España.

Además, el movimiento asociativo de Cocemfe ejerce una función esencial en la articulación del diálogo civil y en el impulso de políticas públicas de inclusión, igualdad y no discriminación. Su aportación resulta clave para cumplir con la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Muchas necesidades básicas de nuestro grupo social siguen sin respuesta por parte de las administraciones o la reciben de manera insuficiente. Por eso nuestro papel de apoyo e incidencia es absolutamente necesario”, añadió Queiruga. “Nuestra labor no puede parar. La inclusión de las personas con discapacidad no puede ser aplazada”, señaló.

Cocemfe alertó, además, de que la no renovación del acuerdo provocaría una grave desarticulación del movimiento asociativo, con un impacto directo sobre el empleo, la calidad de los servicios y, sobre todo, sobre la vida de las personas con discapacidad más vulnerables que quedarían desatendidas.

Por todo ello, Cocemfe, junto al movimiento de la discapacidad nacional aglutinado en torno al Cermi, pide al Gobierno que renueve de forma urgente el acuerdo de distribución de las asignaciones tributarias y garantice la financiación necesaria para seguir construyendo una sociedad en la que nadie quede atrás.