El presidente de la entidad, Anxo Queiruga, aseguró ser consciente de “la reducción que se ha producido en la recaudación de la que provienen los fondos para estas subvenciones” y “entender la la imposibilidad de mantener las cifras de otros años”.

Sin embargo, “no entendemos que el recorte no sea equitativo y que solo afecte a las organizaciones de personas con discapacidad, por segundo año consecutivo”, subrayó.

A su juicio, “los recortes en financiación que el Gobierno aplicará en 2023 a las entidades de discapacidad pondrán en grave riesgo los proyectos desarrollados" por estas.

Alertó, asimismo, de que ponen en riesgo la propia continuidad de las organizaciones de discapacidad física y orgánica de ámbito estatal, "si estos recortes se llevan a cabo y no se adoptan medidas para garantizar una financiación estable”.

"Los problemas que dichos recortes pueden generar en la población más vulnerable, en concreto en las personas con discapacidad física y orgánica, se verán acentuados ante la situación económica actual, que impacta de forma más severa sobre las personas con discapacidad", advirtió.

A ello se añadirá la destrucción de puestos de trabajo en Cocemfe y su movimiento asociativo. En este sentido, Cocemfe reclamó al Gobierno que "encuentre una solución que reduzca o evite dicho recorte" y permita impulsar la acción social "imprescindible que desempeñan las organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica".