Así lo reivindicó durante su intervención en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, en la que hizo hincapié en las demandas del colectivo de la discapacidad en ámbitos como la salud, la educación y la accesibilidad, entre otros.

Queiruga afirmó que las prestaciones dirigidas a la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia son “residuales” en España. “Las personas que mayores apoyos requieren están obligadas a vivir en un centro residencial o recurren a los cuidados de sus familiares porque no tienen apoyos profesionales, como los asistentes personales”, dijo.

Por ello, consideró “necesario” conseguir la implantación “definitiva y efectiva” de la asistencia personal en España y en igualdad de condiciones. En este sentido, subrayó que la accesibilidad es un “aspecto fundamental para tener autonomía”.

Sin embargo, recordó que la personas con discapacidad “seguimos encontrando barreras en las ciudades y pueblos, en gran parte del transporte y un 55% de las personas con discapacidad física y orgánica tienen viviendas inadecuadas o inaccesibles y viven encerradas en sus casas”. Por ello, pidió “modificar la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar los límites que establece para realizar obras de accesibilidad en los edificios”.

En materia de empleo, el presidente de Cocemfe, además de pedir una nueva ley de inclusión laboral, señaló que es “necesario” impulsar los mecanismos de control y seguimiento necesarios de acceso al empleo público para que “se cumpla de manera rigurosa en todas las administraciones públicas la reserva del 7% vigente”.

Queiruga detalló que desde Cocemfe y otras entidades propusieron al Gobierno incluir once enfermedades más en el listado de las que pueden acogerse a la jubilación anticipada en trabajadores con discapacidad del 45% o superior y que dicha inclusión sea “lo más diligente posible para que las personas que lo necesitan puedan ver igualada su transición hacia la jubilación”.

SALUD

Otras de las cuestiones que abordó fueron aquellas relacionadas con la salud. El presidente de Cocemfe explicó que desde la organización “apostamos” por la eliminación de los copagos en prestaciones sociosanitarias, por modificar la Ley del Medicamento para asegurar el acceso a la innovación y la participación de los pacientes en los procesos de financiación, por seguir actualizando el catálogo ortoprotésico y por mejorar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Asimismo, analizó la situación de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud en base a un estudio de la organización de 2023. Este informe revela que el 75% de las personas con discapacidad física y orgánica no reciben de forma “frecuente y continua” los servicios sanitarios y sociales que necesitan y esta situación se acentúa en el caso de las mujeres con discapacidad (80%).

Además, las carencias en los servicios públicos obligan a las personas con discapacidad a recurrir a servicios privados para poder disponer de los servicios, tratamientos o productos que necesitan, provocando unos sobrecostes mensuales para el 82% de las personas de este colectivo superior a los 50 euros mensuales para el 44% de las personas y de más de 200 euros para el 37%, según el estudio.

La dificultad más compartida de los profesionales sociosanitarios es la escasa comunicación entre el sistema social y el sanitario al depender de administraciones diferentes (62%), seguida de la falta de historial compartido (49%) y de sistemas tecnológicos (46%).

Ante estos datos, Queiruga reclamó que el colectivo de la discapacidad sea “un grupo de interés prioritario” para los sanitarios para, así, “conseguir una equidad territorial real y la cohesión entre las personas con discapacidad usuarias del SNS”.

Del mismo modo, el presidente puso el foco en una situación “dramática” para personas con discapacidad: el desabastecimiento generalizado de productos como las bolsas de orina en España, lo cual es “un enorme riesgo para la salud de estas personas”.

Además, aseguró que existe un una infracción en el cumplimiento del actual baremo de valoración del grado de discapacidad. El 76% de las personas espera más de seis meses para obtener el grado de discapacidad, lo cual es “un incumplimiento de los tiempos que marca la ley y una vulneración de los derechos de nuestro grupo social”, expuso en base a una encuesta realizada por su entidad.

Insistió en que “imprescindible una aplicación integral del nuevo baremo y que se pongan en marcha medidas para dotar de recursos humanos y técnicos a los centros de valoración”.

EDUCACIÓN E IGUALDAD

El presidente de Cocemfe también incidió en que todavía existen múltiples barreras para la implantación real de la educación inclusiva y las prácticas asociadas a esta. “Faltan recursos económicos, infraestructuras y personal; hay un déficit de formación del profesorado que, además, está sobrecargado”, explicó.

“Tampoco es suficiente la participación de la comunidad educativa, hay dificultades con los órganos de decisión y organización de los centros, hay resistencias al cambio, falta de accesibilidad y otras circunstancias que hacen que la educación inclusiva se incorpore muy lentamente a la realidad diaria de los centros” añadió Queiruga.

En cuanto a la igualdad de género, desde Cocemfe reclaman una mayor formación de los profesionales en esta materia y que “conseguir que las actuaciones y políticas en materia de discapacidad tengan en cuenta el género y las políticas de género tengan en cuenta la discapacidad”.