Durante su intervención en defensa de la iniciativa, la portavoz ‘popular’ Violante Tomás subrayó que el 25 de febrero de 2022 se aprobó la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que obliga al etiquetado en braille de los bienes y productos de consumo, y que dicha ley incorpora una disposición adicional sobre etiquetado inclusivo “atendiendo a la demanda del Cermi”.

Según expuso, el texto establece que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno “desarrollará un etiquetado en alfabeto braille así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de los bienes y productos”, si bien el Consejo de Ministros “todavía no ha publicado el decreto que debe desarrollar esta norma” que juzgó “tan importante para las personas ciegas”.

A este respecto, defendió que este decreto es “fundamental para más de 10.000 personas usuarias de braille que esperan su desarrollo desde hace dos años”. “Muchas de ellas, para poder ir solas al supermercado, porque su mayor necesidad no es que se ideen nuevos productos adaptados a ellas, sino que todos los que existen se etiqueten en braille y con todos los detalles posibles para que sean más accesibles”, abundó, para recordar que dicho etiquetado debe incluir “toda la información básica del producto”, como nombre, fabricante, alergias o fecha de caducidad con el fin de “ayudar lo mejor posible a las personas con discapacidad visual a ser más autónomas en sus elecciones como consumidoras”.

Tras puntualizar que este etiquetado se traduce en “seguridad” para estas personas, recordó que, en la actualidad, es obligatorio incluir el braille en el etiquetado de los medicamentos y en los productos de carácter químico, pero la ONCE “pide más avances para atender las necesidades de los cerca de 10.000 afiliados que son usuarios del sistema braille”.

En este punto, explicó que, a través de la Comisión Braille Española que fija sus normas de uso y desarrollo, “asesora a las empresas en el etiquetado en braille de productos de consumo” de modo que “ayuda a que las marcas se sumen a esta iniciativa y aboga por la igualdad de derechos de los consumidores”.

A continuación reivindicó la “suerte” que tiene España de “tener a la ONCE y contó la historia de Romeo, un niño ciego afiliado a la ONCE y conocedor del sistema braille que, en julio de 2022, cuando solo tenía cuatro años, se hizo viral en las redes sociales con su reivindicación de etiquetar en braille los productos del supermercado.

En este sentido, aprovechó para rechazar las enmiendas de PSOE y Sumar en las que pedían que se llevara a cabo el desarrollo de este etiquetado “en un plazo razonable” y urgió a hacerlo en tres meses e hizo hincapié en que la accesibilidad universal “es requisito indispensable para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos como ciudadanos libres e iguales”.

ENMIENDAS

En el turno de defensa de enmiendas, Verónica Martínez, de Sumar, advirtió de que “una de las prioridades más acuciantes” en particular del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es la de “blindar y ensanchar los derechos y libertades” de las personas con discapacidad y resaltó que desde el comienzo de la legislatura el ministro Pablo Bustinduy y su equipo “marcaron” la cuestión objeto de esta proposición no de ley “como uno de sus objetivos” de legislatura.

“Prueba de ello es que, tras haber realizado el respectivo trámite de consulta pública para enriquecer el texto, ya se está trabajando una aprobación del proyecto de real decreto por el que se regula el nuevo etiquetado en coordinación con la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad”, agregó, para advertir de que el departamento de Bustinduy juzga “imprescindible” contar con este nuevo etiquetado y “mejorar de forma muy sustancial la capacidad para tener una vida más libre y autónoma” por parte de todas las personas.

En la misma línea, aseveró que este real decreto será “crucial” para crear unos códigos que sean de aplicación “homogéneos” en todo el Estado, además de para regular su obligatoriedad en todos los productos y bienes de consumo y afirmó que su grupo parlamentario comparte la “urgencia para poner en marcha este etiquetado”, si bien respondió al PP que no le “consta” que durante su Gobierno “hubiera siquiera una propuesta al respecto para regularlo”.

Desde Vox, Rocío de Meer calificó como “fundamental” la iniciativa del PP “para la accesibilidad de las personas ciegas” y urgió a que el etiquetado “se ponga en marcha cuanto antes”, dado que “es algo que afecta a sus vidas diarias” y resulta “imprescindible para que puedan desarrollar su vida con total normalidad”, por lo que avanzó su voto a favor.

Por el PSOE, Emilia Almodóvar indicó que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está “trabajando” en la aprobación de un real decreto que regula un etiquetado “que sea inclusivo, que garantice la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de esa seguridad y la integridad y la calidad de vida especialmente de personas ciegas y con discapacidad visual”.

A continuación, precisó que, una vez terminado el trámite de consulta pública que se va a desarrollar sobre este decreto y recoger todas esas aportaciones que contribuyen a su elaboración que Cermi y ONCE ya están desarrollando, el gabinete de Bustinduy “trabaja en esa preparación y en colaboración y coordinación con la Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Para la diputada, con esta norma “España avanza”, si bien, ante el rechazo a su enmienda por parte del PP, advirtió de que “tres meses no es un plazo razonable para llevar a cabo todas estas medidas”, convencida de que es una proposición no de ley “trampa, porque es generar expectativas falsas que no se van a poder llevar a cabo en tres meses”.

En el turno de fijación de posiciones, Noemí Santana, de Podemos, valoró que “fue gracias al Cermi que se elevó esta propuesta” y que contó con el apoyo de la ONCE y representantes del tercer sector y señaló que la ley en la que se basa el nuevo etiquetado “es pionera a la hora de crear un paraguas jurídico que garantice las relaciones de consumo y se garanticen en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad, como pidió el propio Cermi”.

Por todo ello, aseguró que a su grupo le “gusta” la propuesta del PP, pese a que el plazo de tiempo que se da para implementarlo “es un plazo difícil que se cumpla y difícil de realizar”.

La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la regularización de los requisitos para la comercialización de los juegos de lotería fue retirada por escrito del PSOE del 19 de marzo, por lo cual no fue debatida ni votada.