Durante su intervención en defensa de la iniciativa, la diputada Violante Tomás subrayó que la modificación de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobada en el año 2022, “supuso un paso decisivo a reconocer expresamente la accesibilidad cognitiva como un elemento esencial para el ejercicio de los derechos fundamentales”.

En este sentido, puntualizó cómo “durante años, miembros del Cermi como Plena inclusión, Down España, Confederación Aspace, Confederación Autismo España y Federación de Daño Cerebral Fedace han insistido en la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de un marco claro que garantice que todas las personas, independientemente de sus capacidades cognitivas, puedan comprender el entorno en el que viven, los servicios a los que acceden y la información que reciben”.

A su juicio, la incorporación de la accesibilidad cognitiva al ordenamiento jurídico español la sitúa “al mismo nivel que otras dimensiones ya consolidadas de la accesibilidad universal, como la accesibilidad física o sensorial”. “Sin embargo, este reconocimiento, siendo fundamental, no es suficiente por sí solo”, prosiguió, recordando que la propia ley estableció la necesidad de un desarrollo reglamentario que concretara las condiciones básicas, los criterios técnicos y las obligaciones específicas que deben cumplir las administraciones públicas y los agentes implicados.

NO ES MERO TRÁMITE

“Ese desarrollo reglamentario no es un mero trámite administrativo, sino una pieza clave para garantizar la eficacia real de la ley”, apostilló, para denunciar que el plazo “ha expirado sin que el Gobierno haya aprobado el reglamento correspondiente”.

Por ello, la proposición no de ley “exige algo tan básico como el cumplimiento de un mandato legal ya aprobado por este parlamento”, como instar al Gobierno a aprobar “de manera urgente” el reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

El PSOE presentó una enmienda que, según la diputada Esther Rodríguez, aseveró que el Gobierno “ha trabajado en la elaboración de un texto sólido, completo y útil para las personas destinatarias de la norma”, “porque no se trata únicamente de cumplir un calendario. Se trata de aprobar un reglamento eficaz, aplicable y capaz de mejorar realmente la vida de miles de personas”, agregó, para explicar que el texto se encuentra en la fase final de tramitación administrativa.

“Se ha solicitado con carácter urgente el informe del Consejo de Estado con el objetivo de culminar el procedimiento y proceder a la aprobación a la mayor brevedad posible. Según las previsiones trasladas por el ministerio, la norma podrá quedar aprobada durante este verano de 2026”, añadió, para subrayar que la enmienda de su grupo critica la “imagen de inacción y falta de compromiso” que, a su entender, traslada el texto y que “no se corresponde con la realidad de los trabajos desarrollados ni con el estado actual de la tramitación”.

Por EAJ PNV, Noelia Rentería recordó que “no estamos hablando de abrir un debate nuevo, sino de culminar un compromiso adquirido” y compartió la “importancia de que este reglamento vea la luz cuanto antes”, pero “debe hacerse bien”.

Por Sumar, Rafael Cofiño reivindicó que “avanzar en accesibilidad cognitiva es hacer que el mundo sea más fácil de entender, lo cual resulta fundamental para todas las personas con discapacidad, especialmente para aquellas que señalan el texto con discapacidad intelectual, trastornos del espectro del autismo, deterioro cognitivo u otros tantos casos”.

“No cabe duda que es fundamental que se apruebe el reglamento de accesibilidad cognitiva”, reconoció, para indicar que la iniciativa “pregunta por un procedimiento que actualmente está en marcha”.

Desde Vox, María Ruiz señaló que esta iniciativa se debatió “porque el Gobierno ha vuelto a incumplir la ley” y “se pierde aprobando leyes, reglamentos, estrategias, planes y decretos que no se traducen en mejoras reales para los ciudadanos porque se quedan en papel mojado”.