Isaris recordó que está ya en fase de consultas y aportaciones el proceso para la renovación de la Estrategia Europea de Discapacidad.

La Conferencia internacional con motivo de la 29ª Semana Europea por el Empleo de las Personas con Discapacidad se celebró hoy lunes en Madrid impulsada por las embajadas de Alemania y Francia, el Gobierno de España a través del Ministerio de Derechos Sociales, la Comisión Europea y la colaboración de Fundación ONCE.

Isaris inauguró la jornada recordando que la inclusión es "un principio vinculante" para los Estados miembros y un pilar fundamental de la Unión. Subrayó que uno de cada cuatro adultos europeos convive con algún tipo de discapacidad y que persisten "obstáculos claros" en acceso a la educación, empleo y actividades de ocio. Afirmó además que solo la cooperación entre instituciones públicas, empresas y sociedad civil permitirá "reducir la tasa de desempleo del colectivo y avanzar hacia un mercado laboral verdaderamente igualitario".

Llamó por ello a intensificar las políticas de formación, contratación y promoción profesional, en un momento en el que la brecha laboral del colectivo sigue siendo elevada en toda la Unión Europea pese a décadas de normativas, estrategias y compromisos. Finalmente, recordó que está ya en fase de consultas y aportaciones el proceso para la renovación de la Estrategia Europea de Discapacidad.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, afirmó durante su intervención que la acción del Gobierno de España va más allá de garantizar el "mero acceso" de las personas con discapacidad al empleo. "Necesitamos que el derecho al trabajo este satisfecho", pero además "tenemos que insistir" en resolver "la brecha salarial", y la incorporación de las mujeres con discapacidad para conseguir una sociedad "verdaderamente inclusiva e igualitaria". El empleo sigue siendo "el primer derecho en desaparecer" para las personas con discapacidad en épocas de crisis y, según Martín, "el objetivo común debe ser consolidar un sistema que garantice acceso, permanencia y promoción profesional en igualdad de condiciones".

Por su parte, el embajador en misión especial para la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno, Jesús Celada, defendió el destacado papel de España en materia de formación y empleo para las personas con discapacidad, y recordó que los Centros Especiales de Empleo "son un ejemplo seguido por otros países".

Explicó que el empleo público constituye un "nicho esencial" para la inclusión y destacó la reciente ampliación de cupos: del 7 al 10%, con un 2% reservado específicamente para personas con discapacidad intelectual. Celada insistió en que el reto ya no es meramente asistencial: "Las prioridades reales del colectivo son la formación y el empleo, porque son los que permiten igualdad efectiva". Señaló también que la Administración debe "mejorar los apoyos internos para facilitar la promoción de las personas con discapacidad que ya trabajan en ella".

En su intervención, Celada defendió que la innovación no se limita a la tecnología: "Innovar en una empresa también es incorporar a personas con discapacidad y sensibilizar a los equipos". Recordó que la Fundación ONCE ha demostrado que las compañías que apuestan por la inclusión generan mayor adhesión de empleados, clientes y proveedores, y destacó el crecimiento del emprendimiento en el colectivo de personas con discapacidad, con un 21% de personas que ven en la iniciativa propia una vía profesional viable.

CALIDAD, DERECHOS Y DIVERSIDAD

El director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE, Javier Güemes, subrayó el papel decisivo de la organización en la creación de empleo inclusivo: "Somos un actor fundamental". Explicó que el grupo trabaja todos los modelos (empresa ordinaria, empleo con apoyo, emprendimiento, 'startups' y centros especiales de empleo) con el objetivo de encontrar un equilibrio entre calidad, derechos y diversidad. Reivindicó la importancia de no contraponer modelos, sino "exigir siempre estándares altos que garanticen empleos no segregadores". Recordó que la economía social, responsable del 8% del PIB europeo, "prioriza a las personas sobre el beneficio económico" y permite llegar donde la empresa privada no llega. Güemes insistió además en la necesidad de proteger el futuro del Fondo Social Europeo, "clave en la orientación y empleabilidad de setecientas mil personas con discapacidad en España durante los últimos veinticinco años".

Por su parte, la embajadora de Alemania en España, María Margarete Gosse, aportó la perspectiva germana y recordó que, aunque la tasa de empleo de personas con discapacidad severa ha mejorado de forma continua desde 2002 en Alemania, el desempleo sigue estando "muy por encima de la media general" en relación a personas sin discapacidad. Subrayó un dato clave: las personas con discapacidad severa en Alemania están, de media, "más cualificadas" que los desempleados sin discapacidad, pero siguen sin incorporarse al mercado ordinario con la misma facilidad.

Gosse denunció que solo el 38,5% de las empresas cumple la cuota obligatoria del 5% de contratación, pese a la tasa compensatoria prevista por la ley. "Debemos preguntarnos si el sistema actual es suficientemente contundente para cambiar comportamientos", afirmó. Llamó a "reforzar los objetivos nacionales, mejorar la transición entre formación general y profesional y avanzar en el aprendizaje mutuo y transnacional dentro de la UE".

La embajadora recordó que las conclusiones del Consejo Europeo de 2024 instan a los Estados miembros "a desarrollar estrategias más robustas, con medidas específicas y metas verificables". "La inclusión no es una meta que se alcanza y se guarda: es una senda diaria", afirmó, apelando a fortalecer el mercado laboral abierto, implicar a los agentes sociales y favorecer la movilidad laboral en toda Europa.

La consejera de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia, Audrey Lauze, destacó la plena disposición del Ejecutivo galo para seguir impulsando las políticas paneuropeas de inclusión y atención a la discapacidad, especialmente en materia de empleo. Subrayó que en el caso francés es más sencillo que en otros países, porque no existe tanto grado de descentralización y las legislaciones están más vinculadas a las decisiones del legislativo.

El acto de inauguración de la conferencia concluyó con un llamamiento general a "consolidar una red europea de buenas prácticas, a impulsar la digitalización accesible y a proteger los mecanismos de financiación que han demostrado eficacia en la inclusión laboral".