El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, explicó que el contrato entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y se prolongará hasta el 31 de agosto de 2029. Supone un incremento del 30,1% respecto a la anterior licitación y permitirá mejorar las condiciones laborales de los profesionales conforme al último convenio del sector de atención a personas con discapacidad.

Los usuarios de los recursos residenciales disponen de alojamiento, manutención y supervisión las 24 horas del día. Estos también se ofrecen en los pisos supervisados, dirigidos a ciudadanos con mayor grado de autonomía y, en muchos casos, sin apoyo familiar. Por su parte, el centro psicosocial proporciona seguimiento y asistencia orientados a favorecer su integración en la comunidad, mientras que el dispositivo de inserción laboral desarrolla programas individualizados para facilitar su acceso al empleo.