La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, consideró “inasumible” la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un texto "prácticamente idéntico al presentado en la reunión del pasado mes de mayo y que fue retirado por el propio Ministerio ante la falta de consenso".

Dancausa reprochó al Gobierno central que "no haya aprovechado este tiempo para negociar con las comunidades autónomas e intentar mejorar un proyecto con un gran afán intervencionista y laminador de las competencias autonómicas, que no garantiza la financiación necesaria, obstaculiza la reducción de las listas de espera de la dependencia y deja pendiente de una decisión posterior cómo se coordinará la atención sanitaria en estos recursos”.

La aprobación, por diez votos contra nueve que representan al 71% de la población española, “deja en evidencia los problemas de la propuesta del Gobierno de España, que no afronta los problemas y exigencias reales de la dependencia".

Aseguró que el Gobierno regional va a seguir trabajando en la “implantación de un nuevo modelo de atención residencial que garantice el acceso al sistema de todas las personas en situación de dependencia y facilite la libre elección de los usuarios”.

Indicó que el objetivo de esta propuesta es “ofrecer un servicio integral de teleasistencia, ayuda a domicilio y atención sanitaria que permita a las personas mantenerse en sus hogares y entornos el mayor tiempo posible y retrasar así su entrada en centros residenciales”.

En este sentido, la consejera reclamó al Gobierno central que aporte el 50% que le exige la Ley de Dependencia para la financiación del sistema, un porcentaje que actualmente apenas alcanza el 20% y que impide asegurar la sostenibilidad de los recursos necesarios.