Así lo anunciaron desde la Consejería de Familia Juventud y Asuntos Sociales la misma semana en la que el Gobierno ha aprobado una dotación de 500 millones de euros para la 'ley ELA', que se incluirá dentro de la atención a la dependencia de las comunidades autónomas.

El nuevo decreto incluye más de 30 medidas destinadas a agilizar el acceso a las prestaciones del sistema, reducir los plazos de tramitación, personalizar la atención en función de las necesidades y preferencias del ciudadano, mejorar las cuantías de las ayudas económicas en determinados supuestos y ofrecer apoyo a los cuidadores familiares.

Así, el Gobierno regional facilitará que los técnicos en dependencia puedan consultar directamente los informes sociales, a través de la Historia Social Única, y los de salud, sin que sea necesario aportarlos por parte del interesado o sus familiares. Además, los plazos de revisión del Programa Individual de Atención (PIA) y de la capacidad económica se reducen de seis a tres meses.

También se priorizarán los casos de especial urgencia, como las personas en cuidados paliativos, con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o en situación de vulnerabilidad social, así como los menores de tres años y los mayores de 90, cuyas solicitudes se resolverán en un máximo de 90 días. Tras un alta hospitalaria, la valoración deberá realizarse en 10 días, y se aplicará una evaluación conjunta del grado de discapacidad, dependencia y necesidad de atención temprana en menores de hasta seis años.

El decreto desarrolla el catálogo de prestaciones domiciliarias, incluyendo el nuevo servicio de teleasistencia avanzada para todas las personas en situación de dependencia que permanezcan en su entorno familiar, así como la prestación del asistente personal, la figura que se amplía también a los mayores.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico incrementará determinadas ayudas para facilitar a los beneficiarios el acceso y la libre elección del servicio que desean. Las cuantías vinculadas a la contratación de atención residencial o ayuda a domicilio acreditada aumentarán en función de la capacidad económica, lo que permitirá agilizar el acceso a la plaza elegida por el ciudadano.

También se elevará la cuantía máxima fijada por el Estado para contratar un asistente personal, con el fin de favorecer la autonomía de las personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia.

Además, se prevé un incremento en la prestación por cuidados en el entorno familiar permitiendo contratar profesionales que apoyen al cuidador en las tareas del hogar. El decreto contempla igualmente acciones formativas y de soporte para cuidadores no profesionales.

Por último, la norma establecerá nuevas compatibilidades entre prestaciones del catálogo y la derivación automática para que se reconozca la concesión de estas ayudas económicas con las que poder contratar un servicio transitorio hasta que pueda acceder a un servicio público, si esa es su voluntad.

Actualmente en la Comunidad de Madrid, 203.981 personas reciben asistencia por parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un total de 30.594 personas más que hace dos años, a principios de la actual legislatura, lo que se traduce en 1.274 nuevos beneficiarios más cada mes.

En su conjunto, los madrileños en situación de dependencia disfrutan de 286.737 prestaciones, entre las económicas, servicios ayuda a domicilio, de teleasistencia, de promoción de la autonomía personal, así como plazas en recursos residenciales y centros de atención diurna para mayores o con discapacidad, aumentando en 57.223 el total de ayudas desde julio de 2023, lo que implica un crecimiento del 25%.