El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, explicó que para ser beneficiario de estas ayudas, además de contar con la calificación y la correspondiente inscripción en el Registro de Centros, al menos el 70% de la plantilla de estas empresas tiene que estar compuesta por personas con necesidades especiales con un grado igual o superior al 33%.

Las ayudas se gradúan en función del tipo y grado de discapacidad, y la cuantía se corresponde con el 50% del salario mínimo interprofesional vigente para contratos indefinidos, llegando al 55% en el caso de quienes presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Ese porcentaje alcanza el 60% si son mujeres o mayores de 45 años.

Asimismo, el Consejo de Gobierno también aprobó hoy las nuevas normas reguladoras de este procedimiento, con el objetivo de optimizar y simplificar su tramitación. Para ello, se crea una aplicación informática específica para facilitar la presentación de la documentación y se vinculan las subvenciones a periodos vencidos, evitando así dilatar el proceso de concesión con una gestión más ágil y eficaz.

Desde 2022 el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 230 millones de euros a esta iniciativa, reconociendo y facilitando así la gran labor social desarrollada en los 251 CEE de la región que dan trabajo a más de 18.000 personas con discapacidad.