Las nuevas normas reguladoras, en vigor desde el 1 de julio, pretenden optimizar el procedimiento para conseguir estos incentivos al empleo y, también, reducir las cargas administrativas para los potenciales interesados.

Para conseguir una gestión más ágil y eficaz, se ha creado una aplicación informática específica cuyo objetivo es facilitar la presentación ordenada y sistemática de la documentación por parte de los CEE solicitantes. Además, pueden consultar a través de la herramienta el estado del expediente y contrastar la información que figura en relación con los trabajadores cuyo contrato es objeto de subvención.

Por otra parte, las ayudas se vinculan ahora a periodos vencidos, por lo que desaparece la necesidad de tener que hacer justificaciones y abonos anticipados, produciéndose un pago único del 100% del incentivo concedido.

El Ejecutivo autonómico ha destinado desde 2022 más de 230 millones de euros a esta iniciativa, reconociendo y facilitando así “la gran labor social” desarrollada en los 251 CEE de la región, que dan trabajo a más de 18.000 personas con discapacidad.