La sentencia del "caso Calviá", dictada en 1993 por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, condenó a Miguel Deyá, Andreu Bordoy y Guillem Guinart a una multa de 100 millones de pesetas y a una pena de prisión entre cuatro y seis meses.

El pasado mes de febrero el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, reabrió el caso ante las nuevas revelaciones de Bordoy. El condenado declaró amte el juez que el x diputado del Partido Popular y el ex consejero del Gobierno Balear Francesc Gilet fue "el director de orquesta" de la trama y que Gabriel Cañellas, ex presidente del Ejecutivo regional, la había "autorizado".

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares asumió el caso al disfrutar Cañellas de la condición de aforado, por ser diputado autonómico. Deyá desvinculó hoy al partido y a Cañellas.

También declaró esta mañana ante el juez instructor del caso "Calviá" Jaime Ques, abogado de Andreu Bordoyen la primera fase de la instrucción que concluyó con la sentencia dictada en 1993. Bordoy declaró ante el juez que el PP abonó las minutas de su letrado. Ques se acogió al secreto profesional para no responder a las cuestiones relativas a este punto.

Por su parte, Deyá aseguró que fue él mismo y no el PP quien pagó a su abogado Ramón Riutort en la primera fase de la instrucción. Riutort afirmó en 1995 que sus honorarios fueron abonados en el despacho del ex consejero Francesc Gilet.