Pérez Fernández presentó la declaración de objetor de conciencia en 1990 y le fue asignado como servicio social sustituorio, trabajos en el Centro de la tercera edad en León, donde debía haberse incorporado en febrero de ese mismo año.

El insumiso remitió entonces un escrito a la dirección regional del Inserso en Cantanbria, en la que indicaba los motivos de su decisión y señalaba que la prestación social sustitutoria era "un castigo y quitaba puestos de trabajo".

Durante la vista oral celebrada la pasada semana en el juzgado de la capital cántabra, el ministerio fiscal, que en un principio solicitaba la pena de os años y cuatro meses de prisión para Angel Pérez, modificó sus conclusiones.

El Ministerio Fiscal rebajó su petición a ocho meses por considerar que no había constancia de que el insumiso hubiese reusado la práctica del servicio social sustitutorio.

El Tribunal cántabro impone ahora la pena íntegra solicitada por el Ministerio Público para Angel Pérez, al considerarle autor de un delito por negarse al cumplimiento del servicio social sustitutorio.