La organización consideró que la fase final de la tramitación parlamentaria constituye una “oportunidad para reforzar el texto e incorporar mejoras” que garanticen una atención adecuada a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, especialmente a quienes conviven con enfermedades de alta complejidad como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

ConELA respaldó el llamamiento realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para que la reforma salga adelante con un amplio acuerdo parlamentario y destacó que el proyecto desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución, además de reforzar los derechos, la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad.

La confederación valoró que el texto incorpore avances para favorecer una atención centrada en la persona, reforzar los apoyos para vivir en el entorno elegido y mejorar la coordinación entre los sistemas sanitario y social.

No obstante, pidió que la norma incluya tres mejoras. En primer lugar, reclamó “eliminar el copago previsto en la Ley de Dependencia” para los apoyos esenciales, al menos en los casos de alta intensidad, al considerar que “ninguna persona debería renunciar a los cuidados que necesita por motivos económicos”.

El presidente de ConELA, José Jiménez Aroca, afirmó que la reforma debe servir para “eliminar los obstáculos que dificultan la aplicación efectiva” de la Ley ELA y evitar que “el copago, la falta de asistencia personal o las desigualdades entre territorios sigan condicionando el acceso a unos cuidados imprescindibles”.

En segundo lugar, la entidad solicitó que la asistencia personal “deje de configurarse únicamente como una prestación económica y pase a reconocerse como un servicio garantizado” del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con financiación pública suficiente y adaptado a las necesidades de cada persona.

Por último, reclamó “una pasarela efectiva entre los sistemas de dependencia y discapacidad” que incluya también efectos fiscales. A su juicio, resulta “incoherente reconocer administrativamente determinados grados de discapacidad a las personas en situación de dependencia sin que ello les permita acceder a los beneficios tributarios asociados”.

ConELA recordó que las personas con ELA requieren apoyos crecientes y de alta intensidad debido a la rápida evolución de la enfermedad y subrayó que las demoras administrativas, la insuficiencia de servicios o el coste de los cuidados pueden impedir que reciban la atención necesaria en el momento adecuado.