Se trata de una de las reformas emprendidas a raiz de la firma del Pacto de Estado por la Justicia, y tiene como objetivos, tal y como consta en su exposición de motivos, mejorar la rapidez, eficacia y calidad del sistema judicia, así como aumentar la especialización e incrementar la transparencia e información a los usuarios.

Los votos a favor de PP y Coalición Canaria permitieron que el dictamen elaborado en la Cámara Baja a partir del proyecto presentado por el Gobierno pase al Senado, sin incluir las enmiendas presentadas por el resto de los grupos, que rechazaron el grueso del texto que irá a la Cámara Alta.

En representación del PSOE, Jordi Pedret, expresó su "clara disconformidad" con el proyecto, que "no tiene encuenta la obligación de servir a los ciudadanos que demandan justicia", con lo que se pierde la oportunidad de utilizar la oficina judicial para lograr un modelo moderno de administración de justicia.

Después de recordar a la ministra sueca de Exteriores Anna Lindh, fallecida después de ser apuñalada en Estocolmo, Pedret acusó al ministro de Justicia de no procurar el consenso con los grupos, por lo que mantuvo su centenar de enmiendas y se abstuvo en la votación de conjunto del dictamen, aunque votófavor de determinados aspectos, como la creación de la sala de apelación en la Audiencia Nacional.

CON PRISA

El portavoz de Justicia de IU, Luis Carlos Rejón, considera que este proyecto es "un paso más en una dirección equivocada", porque no va a favorecer la eficacia ni la independencia de la justicia, motivo por el que ha presentado 140 enmiendas. Además, criticó las "prisas" con las que un "joven e intrépido ministro" ha acometido esta reforma.

Manel Silva, en nombre de CiU, aseguró que sugrupo tiene un concepto diferente de la organización de la justicia, especialmente, explicó, por los aspectos autonómicos, pues considera que debería darse una mayor descentralización del poder judicial y defenderse el uso del catalán; pero también por motivos de "racionalidad administrativa y organización".

Margarita Uría, portavoz de Justicia del PNV, considera que una ley de tal relevancia debió abordarse con más "calma" y consenso, lamentó que no se hayan admitido las mejoras propuestas por otros rupos parlamentarios, y acusó al Gobierno popular de mezclar la política con el derecho.

Andrés Ollero, portavoz de Justicia del PP, defendió las mejoras que supondrá esta reforma y denostó los discursos "apocalípticos" contra leyes que, una vez que entran en funcionamiento, no pueden ser cuestionadas por quienes las criticaron.

NUEVA ESTRUCTURA

El dictamen aprobado hoy potencia las salas de lo penal de los tribunales superiores de justicia, crea una Sala de Apelación en la Audiencia Nacional pra descargar de trabajo al Tribunal Supremo, e introduce novedades en las audiencias provinciales para dotarles de secciones especializadas.

Por otro lado, incluye una limitación temporal de diez años para los letrados del CGPJ, modifica la función del secretario de Gobierno, y recoge las competencias del máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados para dijar sistemas de racionalización y organización del trabajo.

En cuanto al acceso a la carrera judicial, mantiene el sistema de oposicin, pero para la adjudicación de destinos y la categoría de magistrados añade al estricto criterio de antigüedad la valoración de los méritos, formación y especialización.

Finalmente, esta ley reforma la oficina judicial, a fin de mejorar su organización y la atención a los ciudadanos; y el Estatuto del Cuerpo de Secretarios Judiciales, para garantizar una mayor eficacia en su prestación de servicios.