La proposición, defendida por Rafa Cofiño, fue impulsada por Cristian Lago, activista por los derechos de las personas con discapacidad.

La proposición insta al Gobierno a poner en marcha soluciones de tecnología de apoyo de nueva generación orientadas a mejorar la autonomía personal, la vida independiente, la participación en la comunidad y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, discapacidad o vulnerabilidad, así como las condiciones en que se prestan los cuidados y apoyos.

La iniciativa recoge otras disposiciones relativas al refuerzo del papel del Imserso, la colaboración con entidades y organizaciones representativas de personas con discapacidad y dependencia, así como la generación de ecosistemas de innovación social y colaboración interinstitucional.

En su intervención, Rafa Cofiño destacó que las personas con discapacidad “no deben ser vistas únicamente como personas pasivas, destinatarias de cuidados, apoyos o políticas públicas, sino que pueden y deben ocupar un papel activo como agentes de validación social y tecnológica”, toda vez que la experiencia cotidiana “les permite detectar barreras y soluciones que de otra forma pasarían desapercibidas”, de modo que la puesta en marcha de estas tecnologías redundaría no solo en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino en la del conjunto de la sociedad.

Tal y como recoge la iniciativa, explicó Sumar, España debe implicarse activamente en el diseño, utilización y validación de estas tecnologías disruptivas e innovadoras, puesto que no hacerlo implicaría aceptar estándares, dependencias tecnológicas y marcos de decisión impuestos desde el exterior, implicando pérdida de soberanía digital, menor capacidad industrial y ausencia de voz en la definición de cómo se diseñan, regulan y despliegan los sistemas que afectarán a millones de personas.

Asimismo, la iniciativa reclama poner en marcha un marco estable de cooperación entre el ámbito académico e investigador, las entidades y organizaciones representativas de personas con discapacidad y dependencia, empresas y fundaciones innovadoras y las distintas administraciones públicas, destacando el énfasis en el impulso y desarrollo de proyectos de tecnologías de apoyo, accesibilidad, autonomía personal y cuidados, orientados a asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.