No obstante, el Pleno aprobó por 344 votos a favor, un voto en contra y una abstención que el texto se tramite como proyecto de ley, de modo que los grupos parlamentarios podrán plantear modificaciones al mismo.

Tras un acuerdo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el texto mantiene el esquema de incentivos para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Al respecto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó, durante la defensa del texto, que el esquema de incentivos para favorecer la contratación de personas con discapacidad “se ha mostrado muy eficaz y por ello resultaba fundamental mantenerlo en su integridad”. El texto reforma el sistema de incentivos y bonificaciones al empleo, aunque mantiene el esquema relativo a la discapacidad a la espera de que concluyan los trabajos del ‘Libro Blanco de Empleo y la Discapacidad’. Según explicó la propia vicepresidenta, sus conclusiones contribuirán a la “evolución, desarrollo y mejora del sistema”.

Esta medida se adoptó tras un acuerdo con el Cermi y con la ONCE, presentes en la Tribuna de la Cámara Baja este martes y a quienes la ministra dio las gracias por su “capacidad de llegar a acuerdos” y por su esfuerzo para “mejorar la regulación”.

“El diálogo ha fructificado en acuerdo”, celebró Díaz, quien destacó que resultaba necesario “reconfigurar y sistematizar” el sistema de reincorporación de una persona con discapacidad tras una incapacidad, ya sea en el mismo puesto o, si es necesario, en uno diferente. Así, la ministra explicó que se contribuye a evitar la “expulsión” de personas con discapacidad del mercado de trabajo, especialmente si tienen más de 55 años.

También subrayó el apoyo que se dará a las personas con discapacidad que dejen de trabajar en un centro especial de empleo para hacerlo en una empresa ordinaria, al tiempo que se establecen bonificaciones específicas para la contratación de personas con discapacidad que sustituyan a otros empleados con discapacidad en situaciones de incapacidad temporal.

Asimismo, puso en valor que se tiene en cuenta especialmente a las personas con discapacidad con más dificultades de inclusión laboral, como es el caso de las personas con parálisis cerebral, enfermedad mental, con discapacidad intelectual y a quienes tienen trastorno del espectro del autismo con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También se dedica especial mención a las personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 65%.

OTROS COLECTIVOS

Díaz explicó que, más allá de la discapacidad, el texto recoge también como colectivos de especial atención a las mujeres, a quienes tienen responsabilidades de conciliación, a los jóvenes y a los desempleados de larga duración, entre otros. En todos los casos, los incentivos son mayores en el caso de las mujeres, a fin de luchar contra la brecha de género.

Además, la vicepresidenta resaltó la apuesta del nuevo sistema de incentivos por la promoción de contratos estables. De hecho, los empresarios que se beneficien de las bonificaciones existentes tendrán que mantener el puesto de trabajo al menos tres años.

En su intervención, Díaz explicó que la reforma responde a las recomendaciones de organismos como la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Comisión Europea, ya que el anterior esquema era “desestructurado y complejo” y en el que la reducción de cotizaciones no tenían un efecto “relevante” en la tasa de empleo o de temporalidad. “La alta cantidad de incentivos en España ha sido una triste peculiaridad, como lo es la alta tasa de temporalidad o de desempleo”, enfatizó.

A su juicio, los incentivos terminaron siendo “una excusa” ante la UE para que “pareciera que se hacía algo” contra el desempleo, por lo que insistió en la necesidad de acometer esta reforma.

OTRAS NOVEDADES

La nueva regulación unifica aspectos relativos a las cuantías de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. De esta manera, en el caso de las bonificaciones destinadas a promover la contratación laboral, se establece una cuantía de bonificación por cada mes natural completo, así como la fórmula para calcular el importe de la bonificación aplicable cuando la persona trabajadora no figure de alta durante todo ese mes.

Se incorpora la bonificación por la contratación indefinida o incorporación como persona socia en la cooperativa o sociedad laboral de personas que realizan formación práctica en empresas. Dará derecho a una bonificación de 138 euros al mes, durante tres años, o bien durante la vigencia del contrato si se trata de persona con discapacidad.

Se bonificará también la transformación en contratos fijos discontinuos de contratos temporales suscritos con personas trabajadoras incluidas en el Sistema especial agrario por cuenta ajena. Dará derecho, durante los tres años siguientes, a una bonificación en la cotización de 55 euros por mes, cifra que, en el caso de las mujeres, se eleva hasta los 73 euros por mes.

ECONOMÍA SOCIAL

Igualmente, se permitirá la capitalización de la prestación por desempleo para favorecer el emprendimiento en el ámbito de la economía social, según detalló Díaz.

Las empresas que procedan al traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte del de los Estados miembros de la Unión Europea o del de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán proceder a la devolución de todas las bonificaciones a la Seguridad Social realizadas durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, así como las subvenciones recibidas.

En los supuestos de contratación a tiempo parcial las cuantías se reducirán proporcionalmente en función de la jornada establecida. En todo caso no se incentivan las jornadas parciales inferiores al 50 por ciento de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora, salvo en los supuestos de permisos por conciliación.

ARTISTAS

Por otro lado, en la parte del real decreto dedicada a las medidas de protección social de los artistas, Díaz afirmó que permitirán poner fin a “una discriminación histórica”, a “una zona de sombra intolerable” que alejaba a este colectivo de “la protección y el reconocimiento de sus derechos debidos”.

Además, detalló algunas de las medidas que el real decreto incorpora para mejorar la protección social de los artistas, como la creación de una prestación específica por desempleo adaptada a la precariedad que sufren estos trabajadores, una prestación que representa un cambio en el régimen ordinario de protección social de éstos al extender el concepto de trabajador de la cultura a los técnicos.

Podrán acceder a esta prestación quienes acrediten estar en situación legal de desempleo y acreditar 60 días cotizados por prestación real de servicios en la actividad artística en los últimos 18 meses, y quienes atestigüen 180 días de alta en la Seguridad Social por prestación real de servicios en la actividad artística o regularizaciones anuales ya efectuadas en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo siempre que no hayan sido tenidas en cuenta para el reconocimiento de una prestación previamente.

La duración de la prestación será de cuatro meses y estará dotada con una cuantía de hasta el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para las cotizaciones que superen el umbral de 61 euros, mientras que por debajo de ese nivel corresponderá una prestación del 80% de ese indicador.

La norma también incluye la extensión de la compatibilidad del 100% de la pensión de jubilación con la actividad artística, también para las clases pasivas; permite a los beneficiarios de una pensión no contributiva poder compatibilizarla con rendimientos de su actividad artística, siempre que no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); regula la cotización de los pensionistas cuando realicen actividades artísticas, que será únicamente por contingencias profesionales, con una cotización especial de solidaridad del 9% de contingencias comunes; y, en el caso de los artísticas autónomos de bajos ingresos (iguales o inferiores a 3.000 euros anuales), se incluye una cotización reducida (de 526,14 euros, que se traduce en una cuota mensual de 161 euros), y se abre la posibilidad a solicitud del interesado de que el plazo de ingreso de las cuotas sea trimestral en vez de mensual.

Yolanda Díaz expuso que el real decreto incorpora “tres grandes compromisos de gran futuro”: la creación de un grupo de trabajo que estudiará e impulsará medidas de reconocimiento de la intermitencia en el ámbito laboral y de la Seguridad Social de los artistas y trabajadores autónomos de la cultura; de otro que busca impulsar la evaluación y el reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales derivadas de las actividades específicas en el sector cultural; y la aprobación de beneficios fiscales aplicables en 2024 para la organización de la Bienal de Arte Manifiesta por parte de Barcelona.

OPOSICIÓN

Por parte de la oposición, los grupos criticaron de forma generalizada la utilización de esta fórmula legal, aunque ninguna formación votó en contra del texto. Además, reclamaron su tramitación como proyecto de ley, de modo que se puedan introducir cambios por parte de los grupos parlamentarios, máxime cuando las medidas no entrarán en vigor hasta el próximo 1 de septiembre.

Finalmente, partidos como el PP afearon al Ejecutivo que haya desaparecido la bonificación del 100% para los contratos de sustitución por permisos de maternidad o paternidad. Para el parlamentario del PP Mario Garcés, es algo “muy triste” y “un ataque a la igualdad de oportunidades”.

En este sentido, criticó al Ministerio de Igualdad y le exigió que se “dedique a analizar” las leyes que se aprueban por parte del Consejo de Ministros.