La principal novedad de la reforma consiste en elevar a la categoría de infracción muy grave el incumplimiento por parte de las empresas obligadas de la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad, fijada en el 2% de la plantilla para aquellas compañías de 50 o más personas trabajadoras.

“Esta modificación legal pretende reforzar la efectividad de una medida de acción positiva que, pese a su larga trayectoria en el ordenamiento jurídico español, sigue registrando niveles insuficientes de cumplimiento, limitando las oportunidades de acceso al empleo de las personas con discapacidad”, explicó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

La plataforma representativa de la discapacidad en España ha venido reclamando de forma sostenida un endurecimiento del régimen sancionador para garantizar que las obligaciones empresariales en materia de inclusión laboral sean efectivamente observadas y para combatir situaciones de discriminación estructural que siguen afectando a este grupo social.

Para el Cermi, la reunión de la Ponencia de este jueves constituye un “hito relevante” en la tramitación parlamentaria de una reforma que cuenta con un amplio respaldo del movimiento social de la discapacidad y que contribuirá a avanzar hacia un mercado laboral “más inclusivo, diverso y respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad”.

El Cermi confía en el lograr un amplio apoyo de los grupos parlamentarios a esta iniciativa legislativa, que servirá para reforzar los instrumentos legales para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad.