La diputada del PP Violante Tomásadvirtió de que “la justicia no puede ser verdaderamente justa si no es comprensible para todos” y alertó sobre el riesgo de una “quiebra de garantías” en el sistema. De hecho, señaló que cerca de la mitad de las personas con discapacidad intelectual que ingresan en prisión "lo hacen sin que su situación haya sido detectada previamente".

Según expuso, esta realidad implica que muchos reclusos "han atravesado procesos judiciales sin comprender plenamente las acusaciones ni las consecuencias de sus actos", lo que, a su juicio, "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y pone en cuestión el principio de igualdad ante la ley".

La iniciativa del PP plantea que el Gobierno estudie la implantación de un conjunto de medidas centradas tanto en el ámbito penitenciario como en el judicial. Entre ellas, la creación de espacios específicos para el cumplimiento de penas por parte de personas con discapacidad intelectual (preferentemente fuera de los centros penitenciarios tradicionales) o, de forma inmediata, la ampliación de módulos especializados dentro de las prisiones.

La diputada recordó que actualmente solo existen tres centros con recursos de este tipo en España —dos dependientes de la Administración General del Estado (Segovia y Estremera), y uno en Cataluña (Can Brians)—, lo que, a su juicio, evidencia la “insuficiencia” del sistema para atender a este colectivo.

La PNL también reclama el refuerzo de las dotaciones de personal especializado, la adaptación de programas de tratamiento y formación, el uso de materiales accesibles (como pictogramas o lenguaje fácil) y una mayor coordinación entre administraciones. Asimismo, apuesta por potenciar el uso de centros de régimen abierto en los casos con mayor potencial de reinserción.

PLENA INCLUSIÓN

Otro de los ejes de la iniciativa es el fortalecimiento de la colaboración con entidades sociales, especialmente organizaciones como Plena Inclusión España, a las que el PP reconoció un papel “fundamental” en el acompañamiento de personas con discapacidad intelectual, tanto dentro como fuera del ámbito penitenciario, reclamando para poder seguir avanzando en estos apoyos "una financiación estable" destinada a estas organizaciones de la sociedad civil.

Durante el debate, el Grupo Sumar valoró los avances ya realizados por la administración penitenciaria, como la puesta en marcha de protocolos específicos o programas de intervención, y defendió la necesidad de reforzar el principio de accesibilidad universal. Para ello, presentó una enmienda para incorporar de forma expresa este enfoque, alineado con las demandas del sector.

Por su parte, el Grupo Socialista coincidió en la gravedad del problema, pero cuestionó el planteamiento de la iniciativa. La diputada Esther Rodríguez sostuvo que el principal fallo del sistema no se encuentra en el ámbito penitenciario, sino en las fases previas, al "no detectarse adecuadamente la discapacidad intelectual antes del ingreso en prisión".

“Centrar el debate en crear más recursos dentro de la prisión es llegar tarde”, afirmó, y añadió que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos (como atenuantes, medidas alternativas o la inimputabilidad) que permitirían "una respuesta más adecuada si la discapacidad se identificara a tiempo".

En esta línea, subrayó la necesidad de reforzar la formación de todos los operadores jurídicos y de mejorar los sistemas de evaluación y acompañamiento desde las primeras fases del proceso penal, para evitar situaciones de indefensión.

Vox, por su parte, expresó su apoyo a la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad intelectual y dijo que se tra de uno de los colectivos más vulnerables.