Así lo recoge la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que reclama fijar ese límite de edad para “atender las necesidades formativas y de inserción laboral, la igualdad de oportunidades de los alumnos con independencia del lugar en que residan, y dar seguridad jurídica a las familias en todos los centros escolares”. La PNL recabó 18 síes, 16 votos en contra y una abstención.

Los ‘populares’ también pidieron “derogar la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Lomloe)”.

En palabras de la diputada del PP Sandra Moneo, en la educación española hay 298.000 alumnos con necesidades educativas especiales derivadas por una discapacidad, de las que el 14% están escolarizados en unidades específicas de Educación Especial, opción que sus familias han elegido “libremente”, pues los padres, dijo, son “los primeros responsables de la educación de sus hijos”. Aunque el PP considera que “hay otras opciones legítimas” acusó a la ley actual de fomentar un sistema “discriminatorio”.

“Se trata a nuestros hijos como excepciones no como personas de pleno derecho”, lamentó Moneo, que aseguró que “no son más inclusivos los centros ordinarios que los centros de educación especial” y rechazó que estos últimos sean considerados meros “centros asistenciales”.

La diputada del PSOE María Isabel Moreno defendió una enmienda que presentó su grupo y que fue rechazada, y acusó a los ‘populares’ de “cinismo”, pues consideró que la propuesta del Grupo Popular está “vacía de soluciones”. Según los socialistas, el PP “abandona" la atención temprana "allá donde gobierna” mientras “riega de dinero a sus amigos de la privada”, dijo en referencia al presidente de Andalucía Juan Manuel Moreno. “Votaremos en contra porque no vamos a derogar la ley orgánica. Es una buena ley”, zanjó.

Juan Antonio Valero (Sumar) revindicó “recursos ordinarios con los recursos suficientes” y contra la “segregación” que en su opinión defienden desde el PP y la ultraderecha. Le respondió del diputado de VOX, Joaquín Robles, que reclamó “sentido común” porque “no se puede integrar a todo el mundo” porque “hay niños que pueden acudir a centros ordinarios y otros necesitan escolarizarse en centros especiales”. “No puedo comprender que se llame segregar a atender a los niños con discapacidad”, aseveró, pidiendo a “atender a los resultados y a las necesidades específicas de esos alumnos”.

Durante la comisión también se debatió otra PNL presentada por el Grupo Mixto sobre la necesidad de medidas específicas para alumnado vulnerable, que cosechó 18 síes y 17 abstenciones.