Presentó la iniciativa el portavoz de Interior y Justicia de Sumar y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien describió los delitos que pretende eliminar la iniciativa como “una anomalía democrática” provocada por la reforma del Código Penal de 2015. Por ello, pidió a todos los grupos que “pierdan el miedo” a comportamientos que no tienen “más finalidad que la cómica” o son “simples críticas”.

Recordó que en la democracia prima “la mínima intervención del Derecho Penal”, cuando “existen otras vías civiles de defensa del derecho al honor o la rectificación”, y que “no puede restringirse el debate o la participación política”. También llamó “integrismo” penar las ofensas a la religión y citó sentencias de tribunales europeos que han condenado a España por aplicar sentencias contra injurias al Rey o a la patria, que juzga inevitables en el debate democrático.

Santiago criticó que todos estos penales son “imprecisos” y, por tanto, han dado lugar a una “aplicación errática”, y pidió acabar con la “vergüenza permanente” de las condenas internacionales a España y adaptar el Código Penal a los de otros países occidentales, que no contemplan estos delitos. Finalmente, sobre el enaltecimiento del terrorismo subrayó que se ha aplicado a raperos y que también puede colisionar con la libertad de expresión, mucho más cuando ya no existe ETA. Según dijo, lo utilizó el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para “tapar los desmanes de su Ministerio”.

El portavoz de Sumar terminó señalando que las autoridades no pueden limitar la libertad de expresión, de reunión o de participación política porque incomode al jefe del Estado, y pidiendo a los diputados que España se instale en el escenario de protección de los derechos y libertades, en el que aseguró que ya están “todos los países de nuestro entorno”.

TURNO EN CONTRA DE VOX

Vox solicitó el turno en contra, y en su nombre, el diputado José María Figaredo, ironizó que Santiago, con “cara de cordero degollado”, había dado una “clase magistral de tolerancia y entendimiento” cuando él es un comunista defensor de grupos terroristas como las FARC, en cuyo proceso de paz participó. Le atribuyó querer aplicar una ley del embudo con la que callar a la oposición y, en cambio, tener derecho a todo tipo de declaraciones.

Figaredo subrayó que los delitos de ofensa religiosa o enaltecimiento del terrorismo solo se aplican a quienes tienen “intención de humillar” a otra persona, y dudó de que España sea un país mejor si se permiten estos comportamientos. Criticó que Sumar pretenda presentar a España como un país totalitario, cuando es uno de los que menos protege sus propios símbolos; en Alemania, constató, hay cárcel para quienes mancillen su bandera, con delito agravado para quienes ostenten cargo público.

El diputado de Vox acusó a Sumar de defender los homenajes a etarras o la agresión a policías, mientras que se “raja las vestiduras” con manifestaciones pacíficas como las de Ferraz o cuando alguien reza ante una clínica abortiva. “Al adversario, la cárcel, y a los míos barra libre”, sintetizó, situando al PSOE junto a Sumar en un supuesto intento de crear un nuevo régimen en el que tengan “poder omnímodo”; un intento con el que van “colonizando todas las instituciones del Estado” y silenciando todas las voces discordantes al “pensamiento único” en un “golpe de Estado desde La Moncloa”

"OFENDE QUIEN PUEDE"

Santiago replicó a Figaredo que el “ataque personal demuestra la falta de un solo argumento” y que “ofende quien puede”. Aseguró que la reforma que propone Sumar le vendrá muy bien al propio Vox cuando critica a la monarquía y la Constitución, insinuó que las instituciones europeas deben de ser también bolcheviques con sus condenas a sentencias españolas por estos delitos. “Nosotros somos gentes de orden”, abanderó el ponente de la iniciativa pidiéndole argumentos más rigurosos para enriquecer el debate.

Figaredo contrarreplicó llamando al Gobierno a perseguir a los “verdaderos criminales”, y, frente a la acusación de ataques personales, le imputó los ataques a jueces por parte de Junts, mientras Santiago, desde su escaño, hacía gestos de que él no había tenido nada que ver con eso. Al repetir la acusación de que él fuera abogado de las FARC, Santiago pidió el turno por alusiones para desmentirlo y matizar que solo fue asesor en un proceso que ganó un premio Nobel de la paz.

El resto de grupos parlamentarios se limitaron a fijar posición. Por el PP, Sergio Sayas interpretó que Sumar quería “dar impunidad al odio”, porque la libertad de expresión está “plenamente garantizada en la Constitución”. “El problema que tiene la democracia no es la ley, son ustedes”, aseguró, reprochando al Gobierno los indultos, la amnistía, los ataques a los jueces y los pactos con EH Bildu.

Sayas dijo que en países europeos existen delitos de injurias a las instituciones del Estado, mientras que lo que no hay son Gobiernos con comunistas y apoyados por golpistas y terroristas. “El PSOE se ha convertido en protagonista de la indecencia”, sentenció, lamentando que “la novedad” es que el ataque a la democracia que a su juicio supone el ataque al Estado es que lo apadrina el propio Gobierno con el “aplauso” de “los delincuentes”, porque ese partido se ha quedado en 'PS', “el partido de Pedro Sánchez”.

En nombre del PSOE intervino Isaura Leal, quien defendió que la libertad de expresión es “consustancial a la democracia”, pero matizó que no es un derecho absoluto, sino que lo limitan la veracidad y otros derechos con los que pueda colisionar. Conlleva, señaló, “derechos y responsabilidades”, y apeló a la jurisdicción europea, pero también la citó para recordar las condenas a España de los que había hablado Santiago.

Leal reclamó un “debate sosegado” sobre la cuestión, y fijó como criterios para ello el consenso y la distancia de posiciones extremistas y maximalistas. En esa línea, llamó al PP a alejarse de Vox, que a su juicio este partido contamina el debate público, pues la Constitución no ampara el derecho al insulto ni instar al odio, la violencia o a la humillación de víctimas. En suma, anunció el apoyo a la admisión a trámite, pero avanzó que el PSOE defenderá en su tramitación el respeto a las instituciones y a las víctimas, cuya protección “debe prevalecer sobre otro objetivo”.

Por parte de ERC, Pilar Vallugera se asombró de que hubiera habido turno de voto en contra a la iniciativa y dijo detectar una “doble vara de medir” cuando quienes incurren en estos comportamientos. También se mofó de la derecha cuando piden retirar del Diario de Sesiones algunas críticas. Aseguró que a ella no le importa si alguien quema una bandera catalana, en vez de española, o critica al presidente de la Generalitat. Respecto a las oraciones ante clínicas abortivas, aseguró que no son libertad de expresión, sino acoso, y que por eso están en el Código Penal, y, finalmente, apuntó que, cuanto más alta y poderos sea una institución, más tienen que estar sometidas a la crítica pública.

"CAPA DE SUPERHÉROE"

Eduard Pujol, de Junts, dijo que “la democracia es una actitud que debería impregnar todo” y censuró que PP y PSOE impidieran el referéndum del 1-O. En la misma línea, se negó a ponerse la “capa de superhéroe” para salvar a España, donde “la democracia está en regresión”, porque prefiere defender solo a Cataluña.

No obstante, comparó los delitos que pretende eliminar la propuesta como una "censura legal”, y enumeró los que deberían a su juicio haberse imputado al rey Juan Carlos, pero que si se pronuncian son un delito. “¿Ahora toca, lo tenemos claro?”, preguntó a los diputados del PSOE, ante las dudas socialistas a llevar esta reforma a cabo. A Sumar y Podemos, por su parte, les preguntó dónde estaban cuando dejaron a los independentistas “solos” en defensa de la libertad de expresión, pero les garantizó su voto a favor de la iniciativa.

Desde EH Bildu, Jon Iñarritu partió de que el Código Penal español es uno de los más duros, y apuntó que la prueba del algodón de una democracia es la libertad para expresar opiniones desagradables. Por eso, aprobar la iniciativa permitiría a España cumplir los estándares internacionales, porque “vamos tarde”. Es más, interpretó que hay una "deriva autoritaria" en el Estado que se refleja en la ‘ley mordaza’, en “razias policiales” y “artistas en el exilio” o en prisión.

Iñarritu preguntó al PP si “no les chirría algo” cuando pasan estas cosas y otros artistas se “autocensuran”. Respecto a las injurias a la Corona, se atuvo a las dos sentencias europeas que han condenado a España por anteponer la monarquía a la libertad de expresión, y denunció que está “sobreprotegida” y ha impedido crear comisiones de investigación parlamentarias. Pero sobre ella denunció la “doble vara de medir” cuando quienes critican a la monarquía son de derechas.

En nombre del PNV, su diputado Mikel Legarda comparó la recurrencia con la que se presenta esta iniciativa con el mito de Sísifo, ya que en cada legislatura embarranca en los plazos de enmienda y acaba en nada por la disolución de las cámaras. Su formación, recordó, siempre se ha mostrado a favor, porque “la libertad debe ser prevalente” en una democracia liberal, aunque sin desconocer los límites señalados en el artículo 20.4 de la Constitución. Animó a “un examen técnico y jurídico en profundidad” sobre la materia, reconociendo que la cuestión no está exenta de dudas. Por eso, pidió al Gobierno que solicite un informe preliminar de expertos jurídicos sobre el contenido de la propuesta, pero adelantó el voto favorable a la admisión a trámite de la iniciativa.

Por el Grupo Mixto, la diputada de Podemos Martina Velarde partió de que “no existe democracia plena”, una expresión acuñada por el exlíder del partido Pablo Iglesias. En este sentido, citó algunas que se han vertido desde Vox a la institución, donde “los insultos salen gratis”. A ese partido le acusó de ofender y ultrajar al resto de partidos usando la bandera, por lo que pidió libertad de expresión también para la izquierda. En el mismo sentido criticó que se denuncien ofensas religiosas mientras se usa la religión para acusar a las mujeres que abortan, y por todo ello pidió eliminar esos delitos “obsoletos” y derogar la ‘ley mordaza’ para "cerrar el círculo".

Por el mismo Grupo Mixto, el diputado del BNG, Néstor Rego, lamentó que la propuesta “se queda a medias”, por no eliminar las injurias a las Cortes Generales o con carácter general, por lo que pidió una “reforma más profunda” del Código Penal y derogar la ‘ley mordaza’. Además, matizó que estos delitos de libertad de expresión no son del Gobierno de Rajoy, sino “consustanciales al régimen del 78”, pues en 1980 ya se condenó a un cantautor gallego. Por ello, apoyará la toma en consideración para mejorar la iniciativa con enmiendas.