En concreto, la Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas explica que el ‘Libro blanco sobre empleo y discapacidad’ que se acaba de elaborar recoge que la actual configuración de las sanciones en esta materia resulta insuficiente y defiende que se debe avanzar hacia el pleno cumplimiento de la reserva de empleo.

Para ello, el libro señala que una medida esencial es la de endurecer la calificación de la infracción por incumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, para que pase de grave a muy grave, con todas las consecuencias derivadas de ello.

“Esta modificación debe de acompañarse de otras medidas dirigidas a que la sociedad en general, y el empresariado en particular, tome una mayor conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento y desarrollo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, de manera específica, de los beneficios que tiene para toda la ciudadanía conseguir la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad”, sostiene el texto de los socialistas, que afirma que debe promoverse el conocimiento de la existencia de la reserva de empleo en las empresas y de la necesidad de que se cumpla.

PROHIBICIONES POR NO CUMPLIR

Por todo ello, el texto, además de incorporar como muy grave el no cumplimiento de la cuota de reserva, establece la prohibición de que las empresas sancionadas puedan acogerse a contratos públicos y subvenciones.

Ello, mientras fija que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará, durante los próximos tres años, renovables por períodos iguales, campañas específicas dirigidas a verificar el cumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas, confeccionando a tal efecto informes y balances en los que consten los resultados de las mismas, que permitan comprobar su eficacia.

Por último, el texto señala que la entrada en vigor de la norma se hará efectiva a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).