Según informó el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el nuevo Plan se basa en lo establecido en la Lomloe, que encomienda al Gobierno que en colaboración con las administraciones educativas desarrolle un plan para que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones a su alumnado.

La estructura del plan se organiza en nueve ámbitos de actuación interrelacionados que responden a una visión integral de la educación inclusiva. "Este es ambicioso a la vez que realista y está enfocado a generar un cambio de mirada: pasar de la respuesta individual a la transformación colectiva del sistema educativo. Busca poner en el centro la educación inclusiva como base de una educación de calidad", destacaron desde el Gobierno.

Este documento constituye un instrumento de orientación estratégica, pero no tiene carácter normativo ni altera el marco competencial vigente.

CONTINUIDAD DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

El Plan recoge como una de las líneas de actuación la colaboración de los centros de educación especial con los centros ordinarios. Y aboga por convertir los centros de educación especial en "centros de referencia y apoyo" para los colegios ordinarios.

"Esto no supondrá un debilitamiento de la respuesta especializada. Se trata de reforzar la capacidad del sistema ordinario sin pérdida de conocimiento experto ni debilitamiento de los apoyos", detalla el Plan, que especifica que en los centros especiales se continuará escolarizando al alumnado que requiera una atención muy especializada.

El objetivo de convertir de manera progresiva los centros de educación especial en centros de referencia es avanzar en la necesaria escolarización en entornos ordinarios mediante una organización escolar capaz de responder a la diversidad del alumnado y de consolidar la accesibilidad universal, la provisión de apoyos y los ajustes necesarios, recoge el documento.

El Plan del departamento que dirige Milagros Tolón también contempla una organización más flexible de los apoyos y recursos específicos existentes en los centros ordinarios, de manera que se configuren como recursos complementarios y temporales al servicio del aula ordinaria, "mediante el establecimiento de directrices claras que garanticen su vinculación efectiva y de calidad con la modalidad ordinaria de escolarización".

Otro de los objetivos en los que el Gobierno quiere poner el foco es en la prevención de la segregación escolar y la reducción de las desigualdades sociales y económicas.

En cuanto a las actuaciones enfocadas a la mejora de la calidad educativa, el Ministerio propone una hoja de ruta que tiene por objetivo "la promoción de culturas inclusivas basadas en el respeto y el reconocimiento de la diversidad, la accesibilidad universal en los centros y en los entornos de aprendizaje, el desarrollo de un currículo inclusivo y de metodologías que aseguren la participación y el progreso de todo el alumnado, la dotación de recursos personales suficientes y una organización profesional colaborativa al servicio de la inclusión".

ESTABILIDAD DEL PROFESORADO

El Plan también marca como objetivo reforzar las plantillas docentes y los recursos de asesoramiento y apoyo, así como la estabilidad y el reconocimiento profesional de todo el personal para consolidar equipos de trabajo estables y garantizar la continuidad y sostenibilidad de los proyectos educativos inclusivos. Punto que forma parte de las reivindicaciones que durante las últimas semanas han sacado a la calle a los docentes madrileños.

El documento aprobado en el Consejo de Ministros establece la necesidad de formar a los docentes en educación inclusiva como eje del desarrollo profesional y el refuerzo de la colaboración interinstitucional para asegurar coherencia y sostenibilidad en las políticas inclusivas.

El Plan recoge también la corresponsabilidad con familias y comunidad como parte estructural de la inclusión y la integración de la innovación educativa y las tecnologías de inteligencia artificial.

La hoja de ruta marcada por Educación contará con un sistema de seguimiento en el que intervendrán además del propio ministerio de Milagros Tolón, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las comunidades autónomas, el Consejo Escolar del Estado, el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, organizaciones sociales, universidades, grupos de investigación y otros agentes vinculados a la inclusión.

El documento ha sido analizado y validado por la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva, que, además, ha realizado aportaciones para enriquecerlo y para llevar a cabo una estrategia de plan operativo, destacaron desde Educación.

"Una escuela inclusiva no beneficia solo a quienes necesitan más apoyos, sino que favorece a todas y a todos, mejora la convivencia, fortalece la igualdad de oportunidades y construye una sociedad más cohesionada. La educación inclusiva es un derecho", señalaron desde el Ministerio de Educación.