Así lo reivindicó en el transcurso de su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento y para explicar sus objetivos, prioridades y líneas estratégicas de trabajo tras su nombramiento, en la que aseveró que dicho real decreto es “uno de los hitos y objetivos” que la cartera dirigida por Pablo Bustinduy tiene “fijados en el plan de recuperación a cumplir antes de final de este año”.

“Vamos en plazo, estamos en los trámites finales de la tramitación del Real Decreto y confiamos en que va a suponer una protección de los consumidores más vulnerables, de aquellos que tienen más necesidades y que sí que están viendo los avances que estamos aprobando desde el Ministerio”, apostilló.

INFLUENCERS

En otro orden de cosas, en cuanto a la labor llevada a cabo por el Ministerio en los últimos meses, Barragán explicó que el gabinete de Bustinduy ha “rastreado” a más de 100 'influencers' que publicaban contenidos publicitarios “sin identificarlo, vulnerando la normativa de protección al consumidor” y a quienes se les remitió una nota informativa como “herramienta de disciplina preventiva”.

“Antes de iniciar sanciones, se optó por una intervención pedagógica que advirtiera y corrigiera la conducta”, añadió, al tiempo que mencionó también el “refuerzo” de la vigilancia “frente a prácticas que, aunque normalizadas, vulneran derechos fundamentales”.

En este sentido, hizo referencia a las “actuaciones frente a la publicidad ilícita dirigida a menores, las rebajas ficticias, los cobros abusivos o la ausencia de canales de atención al cliente accesibles”.

“En todos estos casos, la intervención ha tenido un objetivo común: asegurar que ninguna persona queda desprotegida por su edad, por su renta o por la impotencia de no ser atendido”, advirtió, consciente, no obstante, de que “no basta con vigilar”, sino que, “cuando se vulneran los derechos de las personas consumidoras, hace falta también una autoridad pública que pueda actuar con firmeza”.

CAPACIDAD SANCIONADORA

Tras puntualizar que “es desde hace solo tres años, desde que se aprobó la ley 23/2022", cuando se dotó a la Administración General del Estado de competencias sancionadoras "directas" en materia de consumo, detalló que, en ese periodo de tiempo, se han “tramitado más de 500 denuncias, abierto 447 investigaciones e iniciado 50 procedimientos sancionadores”.

“Pero, más allá de las cifras, lo relevante es que, por fin, existe una capacidad real para actuar y garantizar que las infracciones no queden impunes”, confirmó, para, a continuación indicar que este nuevo marco “ha permitido intervenir en sectores clave, donde las prácticas abusivas eran persistentes, generalizadas y toleradas durante demasiado tiempo”.

“La acción sancionadora no responde a una lógica punitiva, sino a la necesidad de restablecer la legalidad, corregir desequilibrios estructurales y proteger a quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad”, resaltó.

Por último, recordó que las comunidades autónomas “siguen siendo las competentes para resolver las denuncias de los consumidores, para asegurar que la atención a los consumidores es la adecuada en los casos específicos de cada una de las empresas”.

En este sentido, incidió en que las competentes en este ámbito "siguen siendo las comunidades autónomas, que están hoy en día gobernadas en su mayoría por la derecha y la extrema derecha en algunos casos y esas competencias, muchas veces, no se ejercen, no se llevan a cabo, no se protege”.

Como ejemplos citó la gestión de los pisos turísticos o el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado en abril por el Consejo de Ministros y en el que el Ministerio ha “establecido unos mínimos” y unos “compromisos” que las autonomías “pueden incrementar, afinar y reforzar”.

Por último, urgió a aprobar la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que, avanzó, "supondrá una protección efectiva para los consumidores y para los clientes financieros" frente a las cláusulas abusivas en hipotecas o tarjetas 'revolving', por lo que juzgó "decisivo y fundamental que se agilice lo máximo posible".