Según explicó CSIF, tras reuniones con diferentes departamentos, el Gobierno señala que se espera entre medio millón y un millón de solicitudes y aún no se aclara el refuerzo de plantillas ni “si se va a contar con la participación de alguna empresa pública”, como ha sucedido en otras ocasiones.

Por eso, CSIF lamentó la posibilidad de que el Gobierno opte por una externalización del servicio público. Este proceso está previsto que se desarrolle entre el próximo miércoles 1 de abril y el 30 de junio.

El sindicato considera “fundamental” anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados públicos como al conjunto de la ciudadanía. Además, se debe “compensar el esfuerzo adicional realizado por los empleados públicos”.

CSIF inició la negociación de la Oferta Pública de Empleo para este año y exigió el refuerzo de plantillas dado que se requerirá personal tanto para el proceso de regularización como posteriormente para gestionar subsidios y trámites administrativos en ámbitos deficitarios de personal (SEPE, Seguridad Social, Política Territorial e Interior, entre otros).

La organización sindical afirmó que, en el ámbito del Ministerio del Interior, el proceso de regularización ya está teniendo un impacto directo en la carga de trabajo de los empleados públicos encargados de la expedición de documentación, con un aumento de la demanda y en consecuencia situaciones de saturación en las oficinas. Esta situación se va a “agravar a partir del 1 de abril”.

Por otro lado, según las primeras informaciones recabadas por CSIF en reuniones con los diferentes departamentos, el proceso constará de dos fases: recogida de solicitudes con documentación y tramitación, y resolución del expediente, que realizará de manera exclusiva la Unidad de Tramitación de Expedientes (centralizada en Vigo).

El grueso de las solicitudes presenciales se realizará previsiblemente en las oficinas de Correos (aunque todavía no se ha firmado el acuerdo con la entidad, ni se ha informado a los trabajadores sobre ello); delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, oficinas de extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social (1 por provincia, salvo Madrid y Barcelona que se abrirán tres y dos, respectivamente, en Alicante, Murcia, Málaga y Valencia.

También se prevén solicitudes telemáticas, aunque desde CSIF advirtieron de que pueden generarse problemas en la identificación de solicitantes y que obviamente carezcan de certificado digital. Por este motivo, se prevé la colaboración de organizaciones sindicales, ONGs, graduados sociales y abogados, que actuarían como intermediarios.

El personal recogerá y escaneará la documentación, comprobando nombre y apellidos, nacionalidad y número de identificación a través de un programa diseñado para tal efecto. En el caso de la Seguridad Social, la participación será voluntaria retribuyéndose con 25 euros la hora (35 euros los coordinadores).

Por su parte, la mayoría de las oficinas de extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes (10 oficinas aún por determinar), ante el “asombro de la plantilla de estos centros de trabajo”, dijeron desde el CSIF. En el departamento de Política Territorial aún desconocen cuántos expedientes se tramitarán, ni la carga de trabajo, ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia.

Además, el sindicato señaló que un año después del proceso, este personal será el encargado de renovar los permisos, “lo que no tiene mucho sentido”. Desde Política Territorial se rechazó la posibilidad de que se externalice este trabajo en una empresa pública dado que, ante los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor “debería de estar supervisado por personal funcionario”.