Una de las primeras conclusiones que aporta el documento es que internar a un menor de 18 años más de 5 años le "animaliza". En el texto, Urra se pregunta si sancionar con 5 años de pérdida de libertad, a los que pueden añadirse otros 5 de libertad vigilada (tal y como propone la Ley del Menor) es suficiente.

"La respuesta es: ¿para qué?. Para 'pagar' por hechos deleznables, que horripilan, que nos avergüenzan como seres humanos, categóricamente no. Para rehabilitarse, seguro qe sí. Quienes hemos trabajado en centros de reforma, en Fiscalías y Juzgados de Menores, sabemos que hay un tiempo para rehabilitar, para 'hacer ver', para encauzar, a partir de aquí -con todo respeto- se animalizan".

Otra cuestión que aborda el documento "¿Modificar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor" se refiere al desequilibrio que puede suponer que un menor que asesine a otro menor con premeditación esté 5 años internado, mientras que un joven que participe en actos de violencia callejera se castigado con una pena de 10 años.

Los jóvenes que han acabado con la vida de inocentes, se pregunta Urra, "¿merecen una pena menor que quienes han participado en algaradas?. Hemos de alcanzar el equilibrio", advierte.

APLICAR LA LEY

En otro apartado del documento, Urra se declara sorprendido por el hecho de que se busque una solución al "gravísimo problema" de la 'kale borroka' en la modificación de una ley que todavía no está en vigor.

En este sentido, recuerda que hoy la violencia calljera se juzga con el Código Penal que permite sanciones de pérdida de libertad de hasta 20 años de cárcel a quienes, en colaboración con bandas armadas, cometan delitos de estragos o incendios.

"¿Está dando correcta respuesta la aplicación de este texto legal?. La respuesta de la terca realidad es: NO. La solución al intrincado laberinto", recalca Urra, "no está en la aplicación de una mayor dosis de castigo, sino en que realmente se administre y en la actualidad y pasado no se realiza".

Por últio, el Defensor del Menor recomienda poner todos los medios para que la Ley del Menor entre en vigor en todo el territorio español, que participen maestros, padres, toda la sociedad, sin excepcionalidad.

"Si ello no es posible", prosigue, "hágase saber. Pero no se contamine su contenido, cual es que el internamiento en centro cerrado queda limitado a casos de extrema gravedad. No debemos cargar sobre el texto de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, futura, lo que no resuelve en la actualidad la alicación del Código Penal", concluye.