Esta es una de las conclusiones del "Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad en las Administraciones Públicas", que describe la situación de las personas con discapacidad en Andalucía y su nivel de presencia en el mercado laboral.

Según el estudio del Defensor del Pueblo Andaluz, que se presenta esta tarde en la Comisión de Discapacidad del Parlamento andaluz, "la realidad muestra que la incidencia de las medidas aprobadas está aún muy lejos de conseguir los objetivos perseguidos, constatándose que el cumplimiento de las previsiones de accesibilidad al empleo público por parte de este colectivo ha sido y es más formal que real".

El informe reconoce que "las personas con discapacidad en Andalucía, y en general en España, presentan una muy baja tasa de actividad, acompañada de una alta tasa de desempleo" y añade que "la mayor parte de las personas con discapacidad en edad laboral no aparece clasificada como activa".

Ante esta situación, propone que "una de las líneas estratégicas a seguir sería la de mejorar la motivación y capacitación, facilitándoles (a las personas con discapacidad) una buena orientación y generar confianza entre el colectivo respecto del servicio público de empleo".

Además, reconoce que "no es menos cierto que al día de hoy, con las normas actuales, aún resulta bastante difícil el acceso al trabajo de este sector de la población, no sólo en la empresa privada sino además en la propia Administración pública".

Entre las conclusiones del informe, destaca el reconocimiento de que "las medidas legislativas en relación con la inserción laboral de las personas con discapacidad en las entidades locales andaluzas y en las empresas y fundaciones públicas andaluzas presentan un impacto real mínimo, por lo que debe estudiarse su adecuación".

Asimismo, el informe recomienda promover la firma de convenios, acuerdos u otros instrumentos, para favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad en el empleo público.

La inexistencia de un plan (al menos por 3 años) de acceso de personas con discapacidad a la Administración General de la Junta de Andalucía, a las administraciones locales andaluzas y a las empresas y fundaciones públicas dependientes de las mismas; la carencia de órganos "ad hoc" de asesoramiento y control para la integración laboral del colectivo en el empleo público; y la necesidad de que las entidades locales asuman una actitud más activa, son algunas de las conclusiones expuestas en este informe presentado ayer en la Comisión de Discapacidad.