El documento reconoce que el Defensor del Pueblo tiene constancia de que en muchas dependencias públicas se han acometido obras para mejorar su accesibilidad, pero añade que "todavía son importante numéricamente las quejas que se reciben denunciando las que aún no han sido objeto de tal adaptacin".

A este respecto señala que muchas de las denuncias se centran en las barreras que presentan edificios que albergan Casas de Cultura, oficinas de Correos y Telégrafos y delegaciones provinciales de ministerios, entre otros.

Asimismo, el informe recoge las quejas referidas a las barreras que presentan edificios de titularidad privada, que en muchos casos son de uso público, como cines, teatros o locales de ocio.

En el caso de los edificios privados, dice que el mayor número de denuncias coresponden a las obras de adecuación de los elementos comunes y acceso en viviendas de comunidades de vecinos.

En este sentido, el Defensor del Pueblo indica que comparte la propuesta del CERMI de no condicionar la realización de las obras para mejorar la accesibilidad de un edificio a la existencia de un quórum en la comunidad de vecinos, ya que defiende que sólo debería exigirse una certificación del ayuntamiento respecto a la necesidad de dichas obras, aunque el Defensor cree que estas modificacione se deberían financiar con ayudas de las administraciones.

El documento hace extensible los problemas de accesibilidad detectados a otras áreas que no tienen nada que ver con la urbanística, como la salud, el transporte o los recursos asistenciales.

Subraya que "se han detectado problemas de accesibilidad en centros de salud", por lo que reclama a las administraciones que "adopten las medidas necesarias para garantizar la plena efectividad de sus derechos a todos los ciudadanos".

"El derechode los usuarios a la elección de médico de familia", apunta textualmente el informe, "no ha de verse limitado por los posibles problemas de infraestructura del centro. Por ello, deben buscarse fórmulas adecuadas para solventar las posibles disfunciones para la accesibilidad".

ESFUERZO INSUFICIENTE

Respecto a los recursos asistenciales mantiene que "el esfuerzo que efectivamente están realizando las distintas administraciones a través de la creación de plazas residenciales y de centros de día para pesonas con discapacidad, sigue siendo insuficiente dada la progresiva demanda existente".

Además, advierte que a la escasez de recursos detectada, hay que añadir las posibles situaciones de indefensión que puede generar la "carencia de una coordinación y colaboración adecuada entre las distintas comunidades autónomas".

Por otra parte, el documento destaca la necesidad de abordar normativamente la dependencia, "para garantizar una regulación coherente y eficaz, en el marco de la Seguridad Social y os servicios sociales, junto con medidas en el ámbito laboral"

Finalmente, el informe también hace referencia a las deficiencias detectadas en la aplicación de los nuevos baremos utilizados para determinar el grado de discapacidad.

El Defensor del Pueblo manifiesta que algunas administraciones han tardado más de un año en adecuar a la nueva normativa los formularios utilizados para notificar a los interesados su grado de discapacidad.

Además, destaca que en algún caso se ha asignado al intersado un grado de discapacidad inferior al que presentaba "sin ningún tipo de motivación".