“Estas actuaciones deben tener en cuenta la evolución de las capacidades de niños, niñas y adolescentes y sus diversas circunstancias, prestando especial atención a las experiencias y necesidades específicas de las niñas y las mujeres jóvenes”, dijo durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo celebrada en el Congreso, una cita a propuesta de la Mesa de la Comisión y a petición de PP y Vox. "La libertad no consiste en hacer lo que a uno le da la gana", reivindicó, pues "no hay que hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe". "Por favor, lleguen a acuerdos para regular sobre esto", pidió Gabilondo.

Según expuso, la normativa “debe centrarse en la protección de la infancia y la garantía de sus derechos, evitando tanto una visión acrítica como una desconfianza absoluta hacia las nuevas tecnologías y hacia las empresas tecnológicas. Se trata de una cuestión compleja que exige un enfoque riguroso y equilibrado, alejado de planteamientos ideológicos”.

Gabilondo subrayó el trabajo que realiza la institución cuando supervisa los centros de protección para menores tutelados o las unidades hospitalarias de salud mental. En ambos casos ha constatado la creciente preocupación de los trabajadores que atienden a estos menores que, en general, reclaman más herramientas, recursos, formación y medios para afrontar el impacto que las redes sociales y las nuevas tecnologías tienen en los menores. Una vulnerabilidad que “puede verse reforzada por los algoritmos de las plataformas, que tienden a potenciar contenidos extremos para incrementar la interacción y fomentar una búsqueda constante de validación social a través de los “likes” o “me gusta”.

ALERTA DEL RIESGO DIGITAL

Respecto al ámbito escolar y docente, Gabilondo destacó que numerosas familias han trasladado a la institución sus quejas y preocupación por los riesgos educativos, sociales y psicológicos asociados al uso de dispositivos digitales por parte de los menores, así como por el coste que supone su adquisición cuando no son facilitados por los centros sostenidos con fondos públicos.

"La autonomía pedagógica de los centros debe conciliarse con el derecho constitucional a la gratuidad de la enseñanza y por ello este principio debe extenderse a todos los recursos digitales necesarios para el aprendizaje, incluidos los dispositivos individuales utilizados por el alumnado”, agregó. Además, resaltó que la institución ha instado a garantizar la gratuidad de los libros de texto y del material didáctico, tanto impreso como digital, así como una duración de las licencias digitales equiparable a la de los libros impresos para facilitar su reutilización. También, apuntó que “sigue siendo necesario reducir la brecha digital mediante recursos públicos accesibles y programas de capacitación y alfabetización digital dirigidos especialmente a los colectivos más vulnerables".

En lo que respecta al auge de la inteligencia artificial, confesó que han llegado algunas quejas en el último año y manifestó que “este nuevo escenario exige un marco regulador que garantice la seguridad y la protección de los derechos fundamentales”. Según ha destacado, “el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en vigor desde el 1 de agosto de 2024 y plenamente aplicable a partir del 2 de agosto de 2026, constituye el primer marco jurídico integral sobre esta materia en todo el mundo. Los Estados miembros han designado autoridades nacionales para supervisar su aplicación”.

Otro de los aspectos en los que las tecnologías digitales inciden notablemente es en el fenómeno del ciberacoso o ciberbullying, que genera consecuencias similares a las del acoso presencial. El Defensor del Pueblo ha asegurado que la institución “viene desarrollando una intensa actividad para ayudar a prevenir y responder a este problema”.

TRANSPORTE FERROVIARIO

Al inicio de su comparecencia, el Defensor se refirió a “dos de los episodios más dramáticos de la historia ferroviaria española reciente”, Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), ocurridos en enero de 2026. Aunque se produjeron en contextos distintos -uno en alta velocidad y otro en red convencional- “comparten un elemento esencial: la relevancia crítica del mantenimiento de infraestructuras, la gestión preventiva del riesgo y la capacidad institucional de respuesta”.

En opinión del Defensor del Pueblo, ambos accidentes reflejan la necesidad de mantenimiento preventivo, de protocolos de evaluación del riesgo y de auditorías técnicas continuas. Además, evidencian la importancia de las investigaciones técnicas independientes que “no solo buscan identificar causas, sino también formular recomendaciones para evitar la repetición de incidentes similares”, destacó.

La institución recibió quejas ciudadanas tras producirse estos accidentes y, según ha avanzado Ángel Gabilondo, realizará, en el marco de sus competencias, “un seguimiento de las conclusiones que se alcancen en el seno de las investigaciones en marcha y de las medidas que puedan ser implementadas desde los poderes públicos para optimizar la seguridad de los servicios de transporte ferroviario”.

El Defensor del Pueblo también se refirió al trabajo realizado por la institución en materia de accesibilidad de las estaciones de ferrocarril, uno de los principales motivos de las quejas en relación con el funcionamiento del transporte ferroviario; y a la situación de la red de Cercanías, fundamentalmente de Madrid y Barcelona, que suman entre ambas el 80% del total de viajeros, más de 356 millones de personas en 2025. Según dijo, las deficiencias en el funcionamiento de este servicio son motivo reiterado de atención en los informes de la institución y, según ha recordado Gabilondo, “ya en el informe correspondiente al ejercicio 2024, incluyó un capítulo monográfico sobre este asunto”.