El objetivo de la norma es transponer al ordenamiento jurídico nacional, dentro del plazo establecido, la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024 por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad y la Directiva (UE) 2024/2842 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024 por la que se amplía la Directiva (UE) 2024/2841 a los nacionales de terceros países que residan legalmente en un estado miembro.

A su vez, persigue garantizar el reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad entre España y el resto de Estados miembro durante las estancias de corta duración o las visitas breves.

De este modo, se facilitará el ejercicio de los derechos de acceso a condiciones especiales o trato preferente, así como el uso de todos los medios de transporte, en igualdad de condiciones y garantizando las condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad, en igualdad de condiciones.

Este real decreto consta de tres capítulos que a su vez contienen 17 artículos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

Desde el punto de vista del impacto económico, esta norma tiene “efectos positivos”, según el ministerio, dado que las personas con discapacidad consumidoras de los servicios regulados disfrutarán de condiciones especiales, entre las que se incluyen precios reducidos o la gratuidad, por lo que se prevé un incremento en la demanda de estos servicios, generando a su vez empleo. Asimismo, se prevé “la misma tendencia” en el resto de Estados miembro, “afectando positivamente también en la economía europea gracias a la eliminación de barreras en la libre circulación de las personas con discapacidad”, según el ministerio.