Así lo acordó este viernes el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según precisó el departamento de Ione Belarra en un comunicado en el que subrayó que, de ese montante, Andalucía recibirá 153.901.857,00 euros, el 17,10%; Cataluña, 135.839.079,82 euros, el 15,09%; y Madrid, 115.902.926,73 euros, el 12,88%.

Para el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, estos recursos constituyen "un impulso fundamental para trabajar todas las administraciones en la transformación del sistema de cuidados que necesita España" y, además, “demuestran” la “voluntad” del Gobierno de coalición de "poner todos los esfuerzos en construir un futuro más justo y más feminista".

La ejecución de estos cerca de 900 millones de euros se realizará desde las comunidades autónomas y entidades locales, y se corresponderá con tres tipos de inversión, incluyendo, en primer lugar, un plan de apoyos y cuidados de larga duración, con más equipamientos públicos que “pongan las necesidades y los deseos de las personas en el centro, tanto las que reciben cuidados como las que los prestan”, según Derechos Sociales.

En concreto, las actuaciones en esta materia deben ir destinadas a incluir nuevos equipamientos públicos y a remodelar los ya existentes, así como a invertir en equipamientos domiciliarios que “favorezcan” la promoción de la autonomía personal mediante el uso de la teleasistencia avanzada y otras tecnologías “similares”.

Según el gabinete de Belarra, esta iniciativa tendrá un “impacto fundamental” en todo el territorio, con “especial incidencia” en el medio rural, lo que, a su entender, “contribuirá a reforzar la vertebración del país y a avanzar en cohesión social y territorial como objetivos fundamentales del Plan de Recuperación”.

Además, se incluye un plan de modernización de los servicios sociales, que contribuya a modernizar los servicios sociales y los proyectos destinados al impulso de este plan deben favorecer la transformación tecnológica de los servicios sociales, mediante la implementación de programas “integrales” para introducir nuevas tecnologías en la atención, con el fin de “mejorar su eficacia y calidad”.

Asimismo, esta dotación financiará proyectos piloto de innovación en servicios sociales e impulsará la modernización de infraestructuras, la digitalización y la mejora de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños y adolescentes, con “especial atención” sobre los migrantes no acompañados o con “necesidades especiales”.

Finalmente, incluye el Plan España País Accesible, para “seguir eliminando barreras y construyendo un país más inclusivo para las personas con discapacidad, pero también con ellas”.

El impulso de actuaciones dentro de este plan tiene el reto de “seguir eliminando barreras con el fin de construir un país más inclusivo para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.