Las equipara con una prótesis de miembro superior o inferior o con una silla de ruedas, por lo que rechaza que los usuarios deban solicitar un informe médico para que el tribunal les autorice. En esta línea, apuesta por que las futuras instrucciones dirigidas a los vigilantes de aula recojan dicha aclaración.

Así lo expone la Oadis en una comunicación a la que ha tenido acceso Servimedia, donde responde a la queja referida a una opositora por el turno libre a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana que se presentó por el Comité español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

El 21 de mayo, Carla Sanjuán Sala, usuaria de audífonos, acudió al aula asignada, donde el vigilante responsable, “en cumplimiento del las instrucciones particulares que establecían la no utilización de dispositivos electrónicos al objeto de evitar actuaciones fraudulentas en el desarrollo y cumplimentación de los ejercicios, le planteó si disponía de algún tipo de dictamen facultativo que justificara su uso".

Ante su respuesta negativa (carecía de informe médico y de autorización previa del tribunal) el funcionario le ofreció una doble alternativa: o bien realizar la prueba en la primera fila del aula limitando la utilización de los audífonos a aquellos momentos en que se impartieran instrucciones orales por parte de los vigilantes, o bien ser trasladada al aula del Tribunal Delegado por para que la interesada realizara los ejercicios en el aula de incidencias.

La aspirante, en presencia de los dos vigilantes del aula y del resto de los opositores asignados, optó por la primera de las opciones.

CONCLUSIONES

En su respuesta, la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat Valenciana se remitió a la orden del Ministerio de Justicia que regula estos procesos selectivos, que en su apartado 1.2 establece que “Las personas aspirantes con discapacidad podrán pedir (en el modelo oficial de solicitud) las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad”.

Agregó que “de solicitar dicha adaptación, deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada”.

“Ninguno de los Tribunales Delegados de la Comunidad Valenciana (incluido el de Gestión Procesal y Administrativa) recibió comunicación en este sentido", apuntó.

De esta forma, ni el Tribunal Delegado de la Comunidad Valenciana ni el Tribunal Calificador Único tuvieron conocimiento alguno de los hechos descritos, de tal forma que no se produjoningún pronunciamiento al respecto, indicaron desde el Gobierno valenciano.

Según la Oadis, “las personas que precisan de una prótesis o implante auditivo lo hacen bajo prescripción médica para su mejor adaptación al medio, a fin de comunicarse e interactuar”.

Por tanto, “el hecho de que le soliciten su retirada supone que esa persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad y, en el caso de las pruebas selectivas de referencia, un perjuicio a su derecho a participar en igualdad de condiciones que el resto de los participantes”, recalcó.

Se mostró de acuerdo con el escrito de queja, que plantaeaba que estos implantes o prótesis auditivas “no pueden considerarse adaptaciones de medios, como los regulados en la Orden PRE/1822/2006 por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad”. Por lo que, en consecuencia, no sería necesario realizar ninguna solicitud al Tribunal.

A su juicio, “los audífonos e implantes son prótesis que forman parte de la propia persona (como puede ser una prótesis de miembro superior o inferior o una silla de ruedas), ya que le permite utilizar uno de los sentidos –el oído--, por lo que pedir a una persona sorda que se desprenda de ellas la coloca en una situación de vulnerabilidad y desigualdad”.

“Las prótesis no son una adaptación de medios ni un ajuste razonable para realizar una prueba o examen, con lo que no precisan de informe médico previo", recalcó.

El informe indica que, para futuros procesos selectivos, las instrucciones dirigidas a los vigilantes de las aulas en las que se desarrollen las pruebas selectivas recogerán una aclaración para que se permita la utilización de aquellos que deriven de la implantación de una prótesis.

También el Gobierno valenciano señaló que incluirá una aclaración dirigida a los vigilantes de aula, a fin de que en próximas convocatorias permitan el uso de estas próteisis en el futuro.

Asimismo, este organismo pidió disculpas a la Confederación Española de familias de Personas Sordas (Fiapas) por “las molestias ocasionadas a Carla Sanjuán”, y le agradeció “las observaciones planteadas”.