Así lo avanzó en el transcurso de una entrevista concedida a Servimedia en la que defendió que dicha estrategia “marca el horizonte y cómo la coordinación de las políticas de distintos ministerios, más allá del sistema de dependencia, tiene que aportar a esta nueva visión”.

A este respecto, subrayó que el Plan de Choque en Dependencia, que implicó la “recuperación de la inversión”, resultó “clave”, si bien recordó que incluía “otras muchas medidas” que, a su entender, “han puesto las bases a eso que conocemos como el cambio de modelo de cuidados de larga duración”.

“Esto significa residencias mucho más pequeñas, más hogareñas, con una atención mucho más personalizada, pero también respetar, sobre todo, la autonomía y la libre elección de las personas, de dónde quieren vivir, con quién quieren vivir y cómo quieren vivir”, apostilló, convencida de que “ese es el cambio de modelo al que nos estamos dirigiendo”.

Asimismo, puntualizó que “muy vinculadas” al cambio de modelo están también la “dignificación y mejora” de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector de los cuidados, el “reconocer el valor” que suponen estos profesionales y “facilitar el acceso a que más personas puedan formarse y ser parte” de un área que juzgó “estratégica para el país”.

En la misma línea, confirmó la “intención” del gabinete de Pablo Bustinduy de retomar la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia “antes de verano seguramente” y de convocar a los agentes sociales, consciente de que “tienen un papel fundamental en el cambio de modelo”.

“Una de nuestras prioridades, algo que queremos impulsar, es la mejora de las condiciones de las cuidadoras, de las profesionales y, por supuesto, la mesa de diálogo social ahí tiene una función fundamental”, advirtió.

RESIDENCIAS EN PANDEMIA

Preguntada por la situación en las residencias durante la pandemia, consideró que la crisis “mostró, precisamente, las debilidades del sistema”, si bien en la legislatura anterior “se aprendió, se hizo una evaluación exhaustiva del sistema de dependencia, incluidas las residencias” y, "a partir" de ella, "en colaboración y con acuerdo con las comunidades autónomas", se estableció el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En este punto, explicó que las comunidades autónomas que se sumaron “están ya implementando esas medidas” que el Gobierno ha “apoyado” con “un incremento de financiación de 600 millones cada legislatura”. “Esto supone un 133% más de 2020 a 2023, pero también con fondos del plan de recuperación que están gestionando las comunidades autónomas para invertir y cambiar las residencias de acuerdo a sus criterios: dónde las ubicamos, mucho más cercanas a la comunidad, no alejadas de donde sucede la vida, unidades de convivencia más pequeñas, todo eso”, abundó.

En este sentido, indicó que cada región tiene que “decidir si apuesta por este cambio de modelo que pone a las personas en el centro y hace unos cuidados mucho más personalizados, o sigue con modelos de macro residencias” que, según su punto de vista, “tienen sus riesgos” y, además, aunque “pueden dar una asistencia de necesidades básicas materiales, desatienden completamente no solo la libertad y los derechos de las personas, sino también las necesidades emocionales que todas las personas tenemos”.

Con respecto a la gestión de la pandemia en las residencias madrileñas, estimó que el “dolor” de quienes perdieron a sus familiares "está por encima de cualquier otra cosa”. “Y creo que también las personas que nos dedicamos a la política tenemos que empatizar y entender los sentimientos y, sobre todo, poner soluciones a cuestiones, a decisiones que se vieron que no funcionaron”, resolvió.

IMV

Por lo que se refiere a la “reforma en profundidad” del Ingreso Mínimo Vital, otro de los retos del titular de Derechos Sociales y en torno al cual ya se ha abierto un proceso de “revisión y evaluación”, Martínez afirmó que el ministerio trabajará “mano a mano con el de Inclusión” para analizar “de qué manera” una medida que “fue pionera y que ha sido muy relevante y ha llegado para quedarse”, es posible “que funcione mejor”.

“Creo que evaluar las políticas públicas y adaptarlas a las necesidades de la ciudadanía y para lo que fueron creadas es algo fundamental en cualquier gobierno”, manifestó.

LEY DE SERVICIOS SOCIALES

En cuanto a la futura ley de servicios sociales, reconoció que el departamento de Bustinduy “esperará un poquito todavía” para “retomar las negociaciones” sobre una norma que, rememoró, durante la pasada legislatura “se trabajó, se negoció, pero que no llego ni siquiera al Congreso”.

“La retomaremos, quizá, a partir del año que viene, pero es voluntad de este ministerio sacar o intentar sacar, siendo conscientes de las mayorías parlamentarias, esta ley que lo que hace es reconocer a los servicios sociales como cuarto pilar del Estado de bienestar, lo que supone una garantía y darle el lugar que le corresponde al servicio de protección social dentro del mismo”, concluyó.

En este contexto, reivindicó que los derechos sociales son un asunto que “va ganando peso en la agenda”, convencida de la “necesidad de que apoyen y den certezas a las personas en un momento de transformaciones muy profundas en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ecológico”. “Además, es un ministerio en el que, cualquier cosita pequeña que hagas, tiene un impacto directo en las personas y eso es importante y hay que tenerlo siempre presente en el día a día de los que estamos ahí dentro”, concluyó.