Así lo precisó este miércoles la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados para informar sobre las políticas de su departamento y en relación al anteproyecto de ley por la que se modificarán las leyes de discapacidad y dependencia, en la que recordó que la falta de financiación “es una cuestión estructural”.

Tras puntualizar que España destina el 0,8% del PIB, cuando la media de la OCDE alcanza el 1,8%, Martínez recordó que “ya la ley de 2006 preveía alcanzar el 1% del PIB en 2015, un objetivo que aún queda pendiente”, después del “recorte acumulado” que “sufrió” el SAAD entre 2012 y 2020 de “más de 5.000 millones de euros que todavía estamos recuperando”.

“En 2014 la financiación estatal fue de 1.128 millones, que correspondía a un 17% del gasto total; hoy son 3.411 millones, serán casi 4.800 en 2025, un 27% del total, se ha triplicado en una década”, agregó, convencida de que, “si hablamos de financiación, hay que hablar con la foto completa”.

A este respecto, como “resultados de este esfuerzo presupuestario de los últimos años”, explicó que hay más de un millón y medio de personas con prestación efectiva, que la lista de espera se ha reducido en un 41,6% desde 2020 y que hay un 53,4% más de prestaciones activas que en 2019 y se ha aumentado también el promedio de las prestaciones por persona.

GASTAR MEJOR

En este contexto, hizo hincapié en que “gastar más no es gastar mejor” y en que, si los partidos de la oposición “quieren financiación para la ley, aprueben los Presupuestos Generales del Estado, porque es lo que supone que la financiación sea estructural”.

Asimismo, puntualizó que es “un compromiso político y no un mandato legal” la meta de alcanzar una aportación del 50% por parte de la Administración General del Estado. “El compromiso está intacto y empezará a materializarse cuando haya Presupuestos Generales del Estado”, añadió, al tiempo que lamentó el “desconocimiento absoluto de cuánto aportan las personas usuarias” al sistema, cuestión en torno a la cual ve necesario “poner un poco de orden”.

En cuanto al acuerdo alcanzado con Euskadi por el que la Administración General del Estado se compromete a alcanzar anualmente el 50% del gasto que las administraciones vascas certifican al Imserso, matizó que dicho acuerdo “también dice que la aplicación será en el primer ejercicio que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, exactamente igual que el resto de comunidades autónomas”.

“Este acuerdo lo que hace es dar cumplimiento a la legalidad singular de la financiación de la comunidad autónoma Vasca, que, les recuerdo, está regulada por la Ley del Concierto Vasco. Todo lo demás es retorcer la realidad”, denunció, al tiempo que indicó que “la realidad es que la comunidad autónoma vasca recibe el 16% de financiación de la AGE, Andalucía el 37,7%, Galicia el 40% y la Comunidad Madrid el 29%”.

EL RETO, IR MÁS ALLÁ

“Creo que el reto no está en pelearnos si es el 50, si es el 51, sino en ir más allá del 50%”, abundó, al tiempo que señaló que, en 2030, se incorporarán al sistema al menos otras 400.000 personas y, según sus cálculos, “si hablamos de una cobertura universal, de que el sistema dé respuesta a todas las personas que van a necesitar apoyo, estamos hablando de 800.000 personas más en el sistema en cinco años”.

Por todo ello, aseveró que “el gran debate es cómo vamos a financiar las necesidades de un sistema de protección social que es clave para las familias españolas para dar respuesta al reto que tenemos por delante”, al tiempo que pidió no usar la financiación “partidistamente, porque aquí hay que tomar decisiones y decisiones para las próximas décadas”.

Por último, respecto al compromiso de Alberto Núñez Feijóo de aumentar la aportación del Estado al Sistema, Martínez admitió que “bienvenido sea” y dijo valorarlo “positivamente” para evitar que, “en un momento de crisis económica, sea de lo primero que se recorte como se recortó en 2012”.

PROFESIONALES

En relación a la falta de profesionales, la secretaria de Estado destacó que actualmente son 600.000 personas las que trabajan en el SAAD, consciente del “problema” que tiene el sistema para encontrar profesionales, para lo cual abogó por mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras y por la flexibilización de la entrada al sistema vía formación profesional.

En este sentido, deslizó que el Gobierno está llevando a cabo un macroestudio sobre las condiciones laborales y la situación de estas trabajadoras y avanzó que el próximo 17 de julio organizará una jornada en la que analizará “las condiciones de trabajo, flujos de entrada, de salida, cuáles son los problemas” y también por qué la “mayoría” de estas mujeres “dejan el sistema” antes de jubilarse.

“A partir de estos datos, de estas evidencias, entraremos ya en trabajo con diversos ministerios para tomar medidas que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales en sus puestos de trabajo”, adelantó.

Junto a ello, mencionó una “segunda línea de trabajo” en la que el Ejecutivo está trabajando con Formación Profesional para “adaptar las certificaciones profesionales” al nuevo modelo de cuidados y “flexibilizarlas en su formato” y “buscar” con las comunidades autónomas y los agentes sociales un “acuerdo” de manera que, “sin haber terminado la formación y siempre que haya mecanismos que aseguren que estas mujeres pueden completar su formación, puedan incorporarse antes al sistema”.