Así, en el año 2016 se impuso por ese Departamento una sanción; en el 2017, dos; y en 2020, otra, aunque en este caso la denuncia procedía del año 2018; cuatro en total, en un periodo de 8 años.

Las cuatro sanciones impuestas, de carácter económico, por consideración de infracción grave en su grado mínimo, salvo en un caso, que fue en grado máximo, ascendieron a los 30.000 euros y 90.000 euros, respectivamente.

Las empresas sancionadas administrativamente por infracción de los derechos de las personas con discapacidad fueron ING Bank, Endesa Energía y BBVA, en la cuantía de 30.000 euros, y la compañía Vueling, de 90.000 euros.

Durante el año 2021 Derechos Sociales recibió 22 denuncias y en el año 2022 se han registrado 6, de las que sólo han sido admitidas una cada año. En 2022, la única denuncia admitida ha resultado archivada.