En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Álvarez afirmó que "el PP aquí no ha estado a la altura", porque este nuevo modelo "es una política de Estado", que busca "humanizar" el trato que se brinda a las personas mayores y en situación de dependencia.

Salió adelante con 10 votos a favor y nueve en contra, ya que junto a las comunidades del PP, Cataluña y País Vasco también se opusieron. A juicio de Álvarez, estas últimas lo rechazaron "por una cuestión de invasión de competencias en la que no tienen razón", ya que "la Ley de la Dependencia nos habilita a establecer criterios comunes para todo el sistema".

Entre estos, destacan la reducción del tamaño máximo permitido para los nuevos centros (no podrán pasar de las 120 plazas en zonas urbanas y de las 85 en zonas rurales); el aumento de las ratios de cuidadores, hasta alcanzar uno por cada dos usuarios en 2030; la reorganización de los grandes centros en pequeños módulos de convivencia con un máximo de 15 personas y un funcionamiento lo más parecido posible a una vivienda particular (con espacios comunes como salones o cocinas); la prohibición de las sujeciones mecánicas; la posibilidad de que los residentes elijan la decoración de sus cuartos; el fomento de las habitaciones individuales; y la libertad de visitas por parte de los familiares.

Con todo, la fase previa de este modelo pasa por "un impulso de la teleasistencia y de la ayuda domicilio", explicó Álvarez, pues "nuestro objetivo es que las personas puedan permanecer en su casa el mayor tiempo posible".

SIN EXCUSAS

A su juicio, la financiación tampoco puede ser "una excusa para oponerse a la reforma", puesto que el Estado ha comprometido una inversión "sin precedentes gracias al apoyo de los fondos europeos". Álvarez insistió en que la nueva norma salió adelante en el Consejo territorial y que es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, que deberán aplicarla y trasponerla a sus normativas.

El secretario de Estado también subrayó el trabajo con las organizaciones de personas mayores y de personas con discapacidad y del Tercer Sector, que apoyan de manera unánime el nuevo modelo. "Con nuestras diferencias, hemos estado trabajando para llegar a un acuerdo", que tampoco apoyan todas las patronales.