Además, casi cuatro millones de menores en países vecinos se encuentran en situación de riesgo a medida que las hostilidades entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad nacionales van traspasando fronteras, según se desprende de una nueva edición del informe ‘La infancia en peligro’, elaborado por Unicef y difundido este viernes.

Marie-Pierre Poirier, directora regional de Unicef para África Occidental y Central, indicó que los conflictos armados afectan “cada vez más” a los niños, que son “víctimas de la intensificación de los enfrentamientos militares o se convierten en el blanco de los grupos armados no estatales”.

"El año 2022 ha sido especialmente violento para la infancia en el Sahel central. Todas las partes en conflicto deben detener urgentemente los ataques contra los niños y las niñas, y contra sus escuelas, sus centros de salud y sus hogares”, añadió.

Según datos de Naciones Unidas, en Burkina Faso se registraron tres veces más muertes infantiles durante los nueve primeros meses de 2022 que en el mismo periodo de 2021. La mayoría de los niños murió por heridas de bala durante ataques a sus aldeas o como consecuencia de las heridas provocadas por artefactos explosivos improvisados o restos explosivos de guerra.

El conflicto armado se ha vuelto cada vez más brutal, según Unicef. Algunos de los grupos armados que operan en una amplia franja de Malí y Burkina Faso, y cada vez con más frecuencia en Níger, utilizan tácticas como el bloqueo de ciudades y aldeas y el sabotaje de las redes de abastecimiento de agua.

Según previsiones recientes, más de 20.000 personas que viven en la zona fronteriza entre Burkina Faso, Malí y Níger sufrirán una inseguridad alimentaria de nivel catastrófico en junio de este año.

ESCUELAS

Algunos grupos armados que se oponen a la educación administrada por el Estado queman y saquean sistemáticamente las escuelas, y amenazan, secuestran o matan a los maestros. En Burkina Faso, Malí y Níger, más de 8.300 centros educativos han cerrado sus puertas al convertirse en un objetivo directo de los ataques o bien porque los maestros han huido o porque los progenitores han tenido que desplazarse o estaban demasiado asustados para enviar a sus hijos a la escuela.

En Burkina Faso, más de una de cada cinco escuelas se ha visto obligada a cerrar y el 30% de los centros escolares de la región de Tillaberi (Níger) ya no funcionan a causa del conflicto.

Las hostilidades se extienden desde el Sahel central hasta las regiones fronterizas septentrionales de Benín, Costa de Marfil, Ghana y Togo, y llegan a comunidades aisladas con escasas infraestructuras y recursos, donde los niños tienen ya de por sí un acceso muy limitado a los servicios esenciales y reciben escasa protección.

En 2022 se registraron al menos 172 incidentes violentos, incluidos ataques de grupos armados en las regiones fronterizas del norte de los cuatro países mencionados. Se considera que hasta un 16% de la población de Benín -la nación más afectada- se encuentra ahora en peligro, según una red de vigilancia regional. En las regiones septentrionales de Benín y Togo, nueve escuelas habían cerrado o habían dejado de prestar servicios debido a la inseguridad a finales de 2022.

La crisis se produce en una de las regiones del planeta más afectadas por el cambio climático. Las temperaturas en el Sahel están aumentando 1,5 veces más rápido que la media mundial. Las lluvias se han vuelto más irregulares e intensas y han provocado inundaciones que han reducido el rendimiento de los cultivos y han contaminado las ya escasas reservas de agua.

En 2022, las peores inundaciones de los últimos años dañaron o destruyeron 38.000 hogares en Níger, país que ocupa el séptimo lugar del mundo en el Índice de Riesgo Climático para la Infancia de Unicef.

Sin embargo, la insuficiencia en la financiación de la respuesta a la crisis en el Sahel central continúa siendo crónica y muy grave. En 2022, Unicef recibió solo una tercera parte de los 368 millones de euros que se necesitan para el Sahel central. Esta agencia de la ONU ha solicitado este año 446 millones de euros para apoyar su respuesta humanitaria en la región y en los países costeros vecinos.