Así queda plasmado en un artículo remitido a Servimedia y firmado por nueve políticos de ocho formaciones políticas diferentes: el socialista Joan Ruiz, actual presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja; el popular Francisco Vañó; la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra; la diputada de ERC Catolina Telechea; el diputado del PNV Íñigo Barandiarán; los expresidentes de la Comisión de Discapacidad y exdiputados del PDeCat Carles Campuzano y Jordi Xuclá; el exdiputado de Ciudadanos Marcial Gómez y el exdiputado de UPN Íñigo Alli.

Bajo el título, 'Hacia la primera reforma social de la Constitución Española', sostienen conjuntamente como integrantes de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados en la Legislatura XII que entonces fue posible un acuerdo "en medio de un tiempo político complejo" porque lograron abstraerse "de un entorno polarizante que alejaba la búsqueda de acuerdos para alcanzar avances concretos" en favor del colectivo.

Devolvieron el derecho al sufragio a más de cien mil personas con discapacidad que no podían votar y consensuaron un texto para reformar el artículo 49 de la Constitución, lo cual finalmente no fue posible porque el Gobierno de Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales y el proyecto de ley decayó al disolverse las Cortes Generales. Aquello no fue "una ocurrencia de último momento" sino que "lleva instalada en la agenda de la discapacidad desde hace lustros". Tanto es así que organizaron "algunas comparecencias de la sociedad civil" en la Comisión de Discapacidad para escuchar la voz de los expertos y tener en cuenta la opinión del sector.

Ahora, estos nueve políticos consideran que ha llegado el momento de reformar el artículo 49 de la Constitución con la "intencionalidad de adecuar sus términos a una realidad incuestionable" y hacen un llamamiento a los partidos políticos con representación en el Congreso para fraguar "la mayoría democrática necesaria" y lograr "la eliminación del término ya superado 'disminuido' y la distinción anacrónica de la categorización por tipologías de discapacidad (físicos, sensoriales y psíquicos)". "Reivindicamos el consenso requerido para la primera reforma social de la Constitución Española. Es posible y es plausible", subrayan tras recordar que la Carta Magna ya fue modificada en 1992 y 2011 "por causas distintas".

A su juicio, que la Constitución dedicara en 1978 un artículo específico para las personas con discapacidad "fue un éxito sin precedentes" porque hoy en día "muchos textos constitucionales en el mundo no mencionan a esta parte de su población, de facto la ignoran". Sin embargo, lamentan que "avanzado ya el siglo XXI" se mantenga en España la alusión como "disminuidos" para las personas con discapacidad y por eso entienden que "es necesaria una modificación constitucional, aún más perentoria desde la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), que establece un modelo social de derechos humanos, y cuyos principios, valores y mandatos no se adecuan en la Constitución Española, por pertenecer a dos épocas y dos mentalidades muy distintas".

"Entendemos que la actual redacción constitucional en su artículo 49 debe superar el enfoque médico-rehabilitador en favor de un modelo social, que apela a la responsabilidad del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad siendo, por tanto, un deber colectivo que atañe a toda la sociedad. Por ese motivo deben actualizarse los términos 'tratamiento', 'rehabilitación', 'integración' o 'atención especializada'. No tiene sentido ya un modelo médico, imperante a finales de los años setenta. Las mujeres y hombres con discapacidad son parte de nuestra sociedad, conviven en comunidad donde desarrollan sus proyectos vitales con los apoyos individualizados necesarios", aducen.

Los nueve políticos que representaron a ocho partidos diferentes en las Cortes Generales y que ya se pusieron de acuerdo en 2018 "representando ideas y modelos ideológicos distintos" reivindican ahora aquel "consenso" y urgen a actualizar la Constitución porque "en nuestro tiempo las sociedades deben ser inclusivas y accesibles". "Los y las abajo firmantes convenimos que el enfoque de derechos humanos es el único posible en relación con la legislación y las políticas públicas que tengan por destino a las personas con discapacidad. En este sentido, coincidimos con Cermi, el movimiento civil de la discapacidad, que el ordenamiento jurídico deba asumir con convicción esta perspectiva, traduciendo en derecho positivo la consideración de la discapacidad como una cuestión exclusiva de derechos humanos", añade el artículo.