Aunque el Ministerio de Medio Ambiente ha mantenido contactos con las comunidades autónomas para informarles de la directiva, el Ejecutivo mantiene que su trasposición a la normativa nacional, que debería haberse realizado ya, se retrasa como consecuencia de las dificultades "constitucionales", administrativas y técicas que está encontrando.

En una respuesta escrita a la diputada de IU Presentación Urán, a la que ha tenido acceso Servimedia, el Gobierno señala que "la amplia descentralización en nuestro país, unido al hecho de que la directiva IPPC establece un permiso con condiciones específicas para cada instalación, puede dar lugar a un tratamiento desigual para instalaciones iguales en territorios de distintas comunidades".

Asimismo, indica que, para aplicar la directiva en España, es preciso ajustar elactual esquema administrativo, "puesto que en el permiso ambiental que requiere la IPPC intervienen los tres niveles de la Aministración", y añade que "la adopción de los acuerdos necesarios no está exenta de tensiones políticas y competenciales".

Finalmente, el Ejecutivo alude a dificultades "técnicas" para justificar el retraso que sufre la trasposición de una de las directivas ambientales más relevantes, que obligará a la mayoría de los sectores industriales a adecuarse a ella. Según el Gobierno, Epaña "carece de experiencia y metodología para aplicar el enfoque integrado que propone la directiva".