Así lo dijo en una entrevista concedida a Servimedia, en la que explicó que son necesarias leyes más ambiciosas que fomenten una sociedad realmente inclusiva que proporcione una vida digna a las personas con esta condición.

La modificación de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que se encuentra en tramitación parlamentaria, ha recibido numerosas enmiendas del colectivo de la discapacidad. En opinión de Matía, esta reforma "pretende ampliar servicios y modernizar el sistema de apoyos, pero no garantiza derechos clave" como el acceso al empleo y la educación en sistemas ordinarios.

Desde Down España indicaron que estas leyes son todavía "muy deficientes" porque siguen priorizando políticas asistenciales frente a una verdadera inserción en el mercado laboral, por lo que no garantizarán el derecho al trabajo digno a las personas con discapacidad intelectual.

En este sentido, Agustín Matía afirmó que las las políticas de empleo son "mediocres" en términos de discapacidad porque "no están fomentando realmente la inclusión ordinaria".

Una de las críticas más importantes realizadas desde Down España a la reforma de la ley de discapacidad está en el planteamiento "contradictorio" que en su opinión recoge el texto. "La Ley de Discapacidad, la que actualmente se reforma, es del 2013, pero viene realmente de la antigua Lismi". Aquella normativa se diseño pensando en servir de transición y tenía como propósito fomentar el empleo de las personas con discapacidad. "En esos momentos la participación de las personas con discapacidad era muy pequeña en el mercado laboral y, por lo tanto, hubo que hacer no solamente cesiones sino planteamientos de trampolín, de abordaje. Pero han pasado 40 años, y en 40 años el sistema laboral sigue siendo muy deficiente en términos de inclusión laboral", señaló.

Matía se refirió también a uno de los últimos documentos de Naciones Unidas en relación al empleo de personas con discapacidad del que dijo que hace un "retrato demoledor" de la situación en España "porque lo que nos está diciendo es que muchos de los propios agentes no creen en la inclusión real".

"Esto es un tema de diseño político. Nos falta que los agentes políticos, partidos, estructuras políticas administrativas, el Ministerio de Empleo, el SEPE, el propio Parlamento, se pongan de acuerdo en que hay que fomentar la inserción, la inclusión laboral ordinaria", aseveró.

Para el director de Down España, el objetivo debe ser una modificación integral del sistema para que "la mayoría de las personas con discapacidad trabajen en entornos ordinarios con los apoyos para hacerlo posible y con los diseños políticos de recursos de formación y de dinero público para hacerlo posible".

Según indicó, ahora mismo en torno a 1.000 personas con síndrome de Down trabajan en España. "No es un tema de demanda. Tenemos mucha más demanda de puestos de trabajo que capacidad de respuesta. Es un tema de los recursos y de los sistemas para hacer posible los apoyos para que estén trabajando. Ahí es donde está el problema", indicó.

En paralelo, "las familias tampoco lo luchan porque entienden que va a ser contraproducente con las prestaciones que ya tienen, con las exigencias que tiene dar ese apoyo. Entonces no luchan tampoco las familias y dejan hacer. Es decir, al final son sistemas pasivo asistenciales", explicó, lo que no permite un avance en la inclusión real.

"En la discapacidad intelectual hay que preparar, hay que apoyar, hay que acompañar, hay que hacer todo un proceso de itinerario a lo largo del tiempo, pero esto está hecho, funciona desde hace décadas, funciona muy bien", dijo. El problema en su opinión está en que "dedicamos muchos más recursos de dinero público a mantener la estructura de empleo protegido, a fomentarla" que a proporcionar esos apoyos necesarios para la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario.