Según la ONG, numerosos ayuntamientos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central aprovechan este mes para abrir períodos de información pública de proyectos y legislación urbanística y medioambiental, "sabiendo que así disminuyen la capacidad de presentar alegaciones, respuestas o recursos”. “Se trata de una práctica que venimos llamando ‘agosticidad’, legal pero poco democráticas”, advirtió.

Según Ecologistas en Acción, ello limita “los ya cortos plazos que se otorgan para acceder y estudiar una documentación que suele ser muy compleja, densa y amplia (en muchos casos de miles de páginas)”.

En muchas ocasiones es también “confusa e incompleta”, prosiguió, lo que “nos lleva a tener que solicitar los documentos que faltan, que no se nos suelen hacer llegar, para luego formular alegaciones o sugerencias fundamentadas”.

El pasado 28 de julio, el Colegio de Abogados de Madrid remitió al Congreso una propuesta de proposición no de ley para equiparar agosto a efectos del cómputo de plazos administrativos con la inhabilidad ya establecida para los tribunales.