Así lo solicitaron en un manifiesto conjunto por la educación financiera y la protección de los consumidores, emitido con motivo del Día de la Educación Financiera y en el que subrayaron la importancia de la educación financiera como “herramienta esencial de protección y bienestar para los ciudadanos”.

“En un contexto europeo marcado por la incertidumbre económica, el envejecimiento de la población y la presión creciente sobre los sistemas de pensiones, la educación financiera se convierte en una herramienta imprescindible para garantizar el bienestar presente y futuro de los ciudadanos”, advirtieron.

En paralelo, precisaron que “los datos son claros” y muestran que, en Europa, “trillones de euros permanecen inmovilizados en cuentas corrientes o depósitos de baja rentabilidad, reflejo de una cultura de ahorro pasivo y poco orientado al largo plazo”. “Apenas un 19% de los ciudadanos cuenta con productos de pensiones individuales, mientras que un 36% de los hogares convive con deudas y casi la mitad tiene dificultades para afrontarlas”, abundaron, al tiempo que indicaron que, además, más del 50% de los ciudadanos “reconoce no sentirse seguro financieramente”.

“Este panorama revela una paradoja: los ciudadanos reconocen la importancia de la salud financiera, pero carecen de las herramientas, la confianza y el acompañamiento necesarios para transformar esa motivación en acción real”, sentenciaron, conscientes de que “conocer qué es la inflación o el interés compuesto no basta para aprender a ahorrar, gestionar deudas o planificar la jubilación”.

ORIENTADA A LA ACCIÓN

A este respecto, defendieron una educación financiera “orientada a la acción” y “centrada en tres pilares, como son el conocimiento “accesible y útil”, que “traduzca” los conceptos financieros en “decisiones prácticas” de consumo, ahorro e inversión, “habilidades y hábitos”, para que las familias aprendan a controlar su presupuesto, organizar sus recursos y “anticipar riesgos” y herramientas y acompañamiento profesional “de calidad”, que “transformen” la información en planes financieros “reales” adaptados a los objetivos vitales de cada persona y familia y basados, todo ello, en “estándares de calidad que puedan ser contrastados”.

En este punto, aseveraron que la protección del consumidor y la educación financiera “son dos caras de la misma moneda”, dado que la primera “evita abusos, malas prácticas y decisiones de consumo perjudiciales” y la segunda “ofrece un camino estructurado y transparente para alcanzar objetivos vitales como la educación de los hijos, la vivienda o el emprendimiento”.

Por todo ello, urgieron a impulsar programas de educación financiera de calidad, basados en estándares “reconocidos”, que ofrezcan “seguridad” y pongan la educación financiera “al servicio de los consumidores, ayudándoles a tomar decisiones responsables y conscientes”.

Junto a ello, abogaron por contar con educadores financieros certificados que “acompañen” a las familias en la construcción de planes financieros “reales, independientes de la oferta de productos y adaptados a cada familia”.

Además, reivindicaron la importancia de disponer de herramientas estandarizadas y homologadas, que garanticen procesos “transparentes y comparables” y de mejorar la colaboración entre entidades públicas, privadas y sociales, para “extender” la cultura de la educación financiera de calidad y el consumo responsable.